Lo primero que debe entenderse es que el sistema de transporte es un servicio público. “Público” significa que depende del Estado, y que debe estar planificado por las autoridades y los funcionarios del Gobierno, y si terceriza la administración, debe ejercer un riguroso control. La responsabilidad nunca deja de ser del Gobierno.
En el Paraguay, la vergonzosa realidad es que debemos forzar el mismo concepto para poder llamar sistema de transporte público a lo que padecemos: lo que los usuarios sufren a diario es arcaico, ineficiente y caro.
En términos de un sistema y de un servicio para la población debe asumirse que tenemos un escandaloso nivel de atraso. En el Paraguay no tenemos un sistema de transporte, lo que tenemos es un grupo de empresas privadas que manejan unos itinerarios, los cuales son asignados de manera arbitraria. Esta falta de sistema beneficia a estos empresarios, y a sus amigos de la política. La falta de un sistema crea beneficios, que se generan precisamente en el pésimo servicio que a diario denigra y humilla a miles de paraguayos y paraguayas.
Una publicación de ÚH de setiembre de 2023 reportaba que los transportistas cobraron cerca de G. 200 millones por día, y desde hacía 9 años el Estado desembolsaba a las empresas de transporte G. 71.666 millones por año, en total, unos G. 645.000 millones. El contralor de la República había informado sobre una serie de irregularidades detectadas en la auditoría realizada en varias instituciones públicas bajo la administración de Mario Abdo. En aquel momento, Camilo Benítez había señalado: “No hay evidencia de que las empresas hayan cumplido con la obligación de renovar sus flotas en tiempo y forma, como la normativa exige”.
En una crisis como la que actualmente enfrentamos, se escuchan informes que se limitan al aspecto financiero, y claramente el debate se centra en los recursos del subsidio que paga el Estado a los transportistas. De lo que no se habla es del mal servicio que padece la ciudadanía por la falta –precisamente– de un sistema de transporte. Por eso, el titular de Cetrapam tiene razón al decir que “el servicio del transporte público hoy es una consecuencia de la incapacidad de gestión de varios gobiernos”. Porque fueron varios los gobiernos que no han podido poner límites al poder y la influencia de los empresarios del transporte, que llevan años castigando a trabajadores y estudiantes con un pésimo servicio y con reguladas, una artimaña implementada con toda impunidad.
Todos los gobiernos han sido incapaces para plantear un cambio en el sistema, una modernización que pudiera acercarnos a los sistemas que tienen todos los demás países de Latinoamérica: sistema de buses rápidos, tranvías, trenes de cercanía y de larga distancia, metrobús, metro y bicisendas. Un sistema en el que se contamina menos, se padece menos caos en el tránsito y se privilegia la calidad de vida del ciudadano.
El Gobierno debe trabajar para construir el bien común, para proveer calidad de vida a la población, pero esto solo será posible si se pone el interés de la mayoría por encima de los particulares.
Mientras la discusión se limite al subsidio, y mientras tengamos autoridades que se arrodillan frente a los intereses de grupos políticos y económicos, no vamos a avanzar hacia el ideal de un sistema de transporte público y movilidad urbana como los paraguayos se merecen en este siglo xxi.
