Todo parece indicar que todavía estamos lejos de encontrar una solución definitiva a la denominada mafia de pagarés. Incluso con la nueva promulgada Ley de Saneamiento de los Juicios Ejecutivos, que ordena suspender los embargos cuando los expedientes están desaparecidos y mientras estos deben ser reconstruidos han comenzado a aparecer expedientes que antes no existían, según denuncias de las víctimas de la estafa. Los descuentos y los cobros irregulares continuarán impunemente por la pasividad del sistema de Justicia.
A casi dos años del inicio de la denuncia pública de este sistema de estafas denominado mafia de pagarés, los delincuentes siguen hallando vías para embaucar a sus víctimas.
Ahora que se dispone de una legislación, la Ley de Saneamiento de los Juicios Ejecutivos –que ordena suspender los embargos cuando los expedientes están desaparecidos y mientras estos deben ser reconstruidos–, recientemente promulgada por el presidente Santiago Peña, víctimas de la mafia de pagarés denuncian que han comenzado a aparecer varios expedientes en los Juzgados de Paz de San Roque, de Asunción y de Luque, por lo que los descuentos irregulares seguirán y no se suspenderán los embargos, suponen.
Actualmente, muchas de las víctimas tienen serias dificultades, pues sus expedientes no se encuentran en los juzgados y tampoco se sabe dónde podrían estar. De hecho que uno de los importantes hallazgos durante la investigación se dio cuando la Fiscalía evidenció que las carpetas judiciales se tramitaban y quedaban en los mismos estudios jurídicos que iniciaban los juicios ejecutivos.
Uno de los voceros de la Coordinadora de Víctimas explicó: “Los compañeros de Itapúa descubrieron esta cuestión y tenemos la sospecha de que los expedientes siempre existían o en los juzgados o en las empresas o a cargo de los abogados, y apenas se pidan la reconstitución, van a aparecer, pero ya como reconstituidos. Así el 90% van a aparecer al final”, comentó Pedro Coronel.
Según datos de la Comisión del Congreso, un 79% de las víctimas son funcionarios públicos, el 6,1% son jubilados y solo el 9,3% empleados privados, y del 79% de funcionarios, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación.
En cuanto al valor que tiene la nueva ley, señalan que realmente a una escasa proporción le va a ser útil, pues solo podría ayudar al 11% de las víctimas, mientras que el 55% (9.350 personas) sabe que sus expedientes están desaparecidos, pero desconoce qué empresa les embarga y tampoco sabe qué juzgado tiene sus expedientes.
Así, mientras la Justicia está tardando en llegar, aparecen cada día nuevas modalidades de estafa. Uno de los nuevos modus operandi es conocido como “préstamo por embargo”, para tener prioridad en los descuentos de salarios. Asimismo, hay grupos empresariales familiares que operan con descuentos automáticos, compra de deuda y embargos masivos y, por último, firmas que venden las supuestas deudas pagadas a otra empresa y se sigue cobrando la deuda ya pagada.
Desde que se hizo pública la primera denuncia sobre esta modalidad han aparecido no solo modalidades de engaño, sino también terribles y conmovedores testimonios de las víctimas. El impacto para ellas es tremendo, pues todas estas personas, trabajadores, jubilados, maestros y sus familias, pierden incluso ahorros y propiedades.
Para el Ministerio Público se tejió una red delictual entre jueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados representantes de empresas de cobranzas, que hicieron demandas y llevaron adelante estos juicios que derivaron en descuentos compulsivos de salarios a través de embargos. Y recordemos también que la Comisión Especial del Congreso, que investiga la trama, recibió más de 6.000 denuncias de personas que aseguran que sus cédulas de identidad fueron adulteradas.
Nuestro sistema de Justicia está en deuda con las personas que han sido víctimas de la estafa de los pagarés; ellas no son solo una anécdota o un dato más, son personas y merecen justicia y reparación. Es intolerable que sus victimarios, los estafadores y funcionarios corruptos sigan gozando de total impunidad.
