Qué dilema el que tenemos. Mientras la ciudadanía exige más salud, mejores servicios públicos e inversión en obras, el Fisco comienza a mostrar señales de que financiar esas demandas será cada vez más difícil.
Podemos repetir mil veces que la economía crece a un ritmo por encima del 4,5%, que la inflación permanece controlada y que la actividad mantiene un desempeño positivo, pero con necesidades básicas sin atender, esos indicadores no se traducen en bienestar concreto para la ciudadanía.
Para eso, lo que realmente nos falta es una mejoría en las cuentas fiscales, que no parece ser fácil. Te explico el porqué.
Durante el primer semestre, los ingresos totales de la Administración Central aumentaron apenas 0,5%, mientras que la recaudación tributaria avanzó solamente 2,1%. La apreciación del guaraní golpeó con fuerza la recaudación aduanera, provocando una caída de 13,3% en los impuestos externos, parcialmente compensada por el dinamismo de los tributos internos.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, reconoce que alcanzar la meta de recaudación será difícil mientras persista este escenario cambiario. La salida que plantea Orué no es subir impuestos. Es menos glamurosa pero más real: Recortar exenciones, perseguir evasión y formalizar. Ahí está el margen que queda.
Pero incluso si la DNIT logra mejorar la recaudación, el problema no termina ahí. El otro frente está del lado del gasto.
Mientras los ingresos avanzan apenas medio punto porcentual, el gasto público creció 11,7% en el primer semestre. Hay que decir que no se trata únicamente de un mayor gasto burocrático. El incremento responde, en gran medida, a sectores en los que resulta muy difícil aplicar recortes: Salud, medicamentos, jubilaciones, programas sociales y remuneraciones en áreas estratégicas como educación y seguridad.
Con todo y eso no alcanza. Hacen falta mejores hospitales, medicamentos disponibles y servicios públicos de calidad. Al mismo tiempo, los programas sociales siguen siendo fundamentales para sostener los avances en la reducción de la pobreza y evitar retrocesos.
Ninguno de esos gastos puede eliminarse con facilidad. El problema es que esos compromisos permanentes están creciendo más rápido que la capacidad estructural del Estado para financiarlos.
A junio, el déficit acumulado ya alcanzó el 1,2% del PIB y el anualizado se ubicó en 2,6%, muy por encima de la meta oficial de 1,5%. Y eso sin contar la deuda con proveedores estimada en más de USD 1.000 millones que el Gobierno busca refinanciar. Moody’s calcula que recién en 2028 podríamos normalizar.
Paraguay construyó durante años una reputación de prudencia fiscal que hoy constituye uno de sus principales activos. Sin embargo, esa fortaleza se ve desafiada por un Estado con crecientes obligaciones sociales, mayores demandas de inversión y una capacidad de recaudación que ya no crece al mismo ritmo.
Pronto entrará en estudio el Presupuesto General de la Nación 2027. Es el momento de decidir qué Estado queremos... Y, sobre todo, cómo vamos a pagarlo. Sin hipotecar a las próximas generaciones.
