Dos sentencias dictadas esta semana por tribunales civiles de Asunción volvieron a poner sobre la mesa una realidad incómoda para el Estado paraguayo, cuando los órganos encargados de ejercer el poder punitivo actúan de manera indebida, la factura termina pagándola toda la ciudadanía.
Los casos son tan distintos en sus detalles como similares en su esencia. Por un lado, un peluquero que pasó más de 22 meses privado de libertad sin motivo suficiente obtuvo una condena indemnizatoria contra el Estado. Por otro, una docente que fue encarcelada por error recibirá una reparación superior a los 800 millones de guaraníes. Detrás de las cifras, sin embargo, hay una misma historia: Personas comunes cuyas vidas fueron alteradas por decisiones equivocadas de quienes tienen en sus manos la potestad de investigar, acusar y juzgar.
Resulta difícil no preguntarse cuántos de estos desembolsos millonarios podrían evitarse si las instituciones encargadas del sistema penal cumplieran rigurosamente con los estándares que exige un Estado de derecho. Cada detención arbitraria, cada prisión preventiva injustificada y cada proceso construido sobre bases deficientes no solo genera sufrimiento humano, sino también produce consecuencias económicas que terminan siendo soportadas por el conjunto de los contribuyentes.
Lo llamativo es que este tipo de episodios suele recaer sobre ciudadanos corrientes. Personas sin poder político, sin influencia mediática y sin capacidad para movilizar estructuras de presión. Son los denominados ciudadanos “de a pie”, quienes con frecuencia experimentan la versión más severa del sistema penal.
Mientras tanto, cuando los involucrados pertenecen a sectores de poder, la realidad suele ser diferente. Basta observar cómo, en tiempos recientes, destacados dirigentes políticos cuestionados públicamente lograron transitar sus crisis institucionales mediante renuncias o salidas negociadas, sin que el aparato punitivo desplegara contra ellos la misma intensidad que suele exhibir frente a los sectores más vulnerables. La diferencia de trato no siempre es jurídica, muchas veces, es práctica, cultural y estructural.
Estas situaciones revelan la persistencia de una lógica que debería haber quedado atrás hace décadas. Desde 1998, nuestro país adoptó formalmente un sistema acusatorio destinado a reemplazar las prácticas propias del viejo modelo inquisitivo. La reforma prometía investigaciones más transparentes, mayores garantías para los ciudadanos y un equilibrio más razonable entre la persecución penal y los derechos fundamentales.
Sin embargo, casi treinta años después, numerosos episodios sugieren que ciertos reflejos inquisitivos continúan presentes. La prisión preventiva sigue siendo utilizada con una frecuencia que genera cuestionamientos; la presunción de inocencia a menudo parece más una declaración teórica que una garantía efectiva; y la privación de libertad continúa siendo vista, en algunos ámbitos, como una herramienta de anticipación de castigo antes de que como una medida verdaderamente excepcional.
Las condenas contra el Estado conocidas esta semana son, en ese sentido, mucho más que simples litigios civiles. Constituyen recordatorios de que los errores del sistema penal tienen consecuencias humanas devastadoras y costos económicos significativos, pero sobre todo, evidencian la necesidad de revisar prácticas institucionales que siguen reproduciendo lógicas incompatibles con una democracia constitucional moderna.
La reflexión conduce inevitablemente a una obra cinematográfica que, pese a haber sido estrenada hace más de una década, conserva plena vigencia. La película mexicana Presunto Culpable retrata con crudeza cómo un sistema de Justicia puede terminar convirtiendo a una persona inocente en víctima de procedimientos defectuosos, inercias burocráticas y prejuicios arraigados. Lo que allí aparece como denuncia cinematográfica encuentra ecos inquietantes en historias como las del peluquero y la docente conocidas esta semana.
Porque detrás de cada indemnización existe una pregunta que permanece abierta: ¿Cuántos daños podrían evitarse si el sistema actuara correctamente desde el principio? Mientras esa respuesta siga pendiente, el Estado continuará pagando millones por errores que nunca debieron ocurrir y los ciudadanos seguirán expuestos a un poder punitivo que, demasiadas veces, parece presumir culpabilidad antes que inocencia.
