El crimen organizado se afianza en los países de América Latina como una amenaza, se infiltra en los gobiernos y su creciente influencia se percibe como una grave amenaza a la región. Diversos informes de organismos internacionales apuntan a que es una amenaza a la seguridad pública, por los niveles de violencia que supone; frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones de los Estados. No caben dudas de que urgen políticas y un diálogo regional para pensar en las alternativas.
Pocas dudas caben de que las estrategias implementadas para combatir el crimen organizado no han sido eficientes. El crimen organizado es percibido como la mayor amenaza en la región, según el Índice y Análisis de Riesgo País de América Latina 2025. Este es un informe publicado por la Universidad Internacional de Florida, que muestra países donde la población percibe al crimen organizado como el principal riesgo. Esto es porque, dice el estudio, al tener acceso a las instituciones, logran socavar la confianza de la gente en la legitimidad de los gobiernos, lo que lleva también al descrédito de la democracia.
De la misma manera, minan la confianza de la población las acciones de los gobiernos que en realidad no conducen a soluciones. Un caso ejemplar es la reciente declaración como grupos terroristas por parte del Gobierno de Santiago Peña, al Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando da Capital (PCC). Este hecho, en la opinión del experto criminólogo Juan Martens, forma parte del show mediático, “con declaraciones grandilocuentes que dicen que hacen algo cuando, en realidad, es pura declaración. Porque no hay una gestión de la inseguridad, y estas declaraciones rimbombantes se alinean a nivel regional”,
Lo que deberían tener en claro los gobernantes es que el crimen organizado se alimenta de la falta de oportunidades, la insuficiente presencia del Estado y la debilidad institucional. Esto afirma el reporte Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe. Informe Económico América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, de abril 2025.
Por eso, la respuesta, en el mediano y largo plazo, “es construir Estados más funcionales que puedan ofrecer igualdad de oportunidades para todos, incluyendo mejores sistemas educativos y mercados laborales que puedan ofrecer empleos de calidad”. En el corto plazo, sin embargo, agrega el informe, América Latina debe priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de Justicia para mitigar las expresiones más dañinas del crimen organizado, controlar su expansión y, al mismo tiempo, debe priorizar la prevención para evitar que jóvenes en riesgo se incorporen a grupos criminales.
El informe admite que erradicar por completo el crimen organizado es poco probable, pero que una mejor acción del Estado puede ayudar a reducir sus manifestaciones más dañinas: “Los países de América Latina se caracterizan por tener mercados laborales que funcionan mal y amplios segmentos de la población que no tienen oportunidades para construir vidas dignas”.
Un país con los niveles de pobreza y desigualdad como el nuestro debe tener presente que según el Índice Global de Crimen Organizado, en 2021 Paraguay estaba en el 15 del ranking, pero que en 2024 escaló al cuarto lugar como centro de criminalidad y delincuencia organizada.
Las acciones del crimen organizado tienen efectos perjudiciales directos en la población, ya que el impacto sobre el desarrollo humano es profundo, como dice el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo, del PNUD
Cuando el crimen organizado se convierte en un poder que se entrelaza con estructuras sociales, económicas y políticas (proveen seguridad, aplican “justicia”, reparten alimentos o financian obras comunitarias y carreras políticas), asumen una “gobernanza criminal”, combinan violencia, corrupción y servicios, lo que tiene efectos devastadores sobre el desarrollo humano. Porque cuando las personas deben pagar por protección, obedecer reglas impuestas por bandas criminales, o vivir bajo amenaza, la idea misma de derechos queda suspendida, y con ello, la democracia.
