El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, presentó ante la Comisión Bicameral del Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027. El discurso oficial presenta el proyecto bajo la premisa de un sinceramiento de las finanzas públicas y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Sin embargo, un análisis muestra los problemas de siempre: Escaso esfuerzo por mejorar la calidad del gasto y una excesiva dependencia del endeudamiento externo para calzar pasivos acumulados.
Un presupuesto de este tipo proyecta poco impacto positivo en la población, siendo el Presupuesto General de la Nación (PGN), el principal instrumento del Estado para garantizar bienestar y derechos.
Los datos indican que el gasto social verificará un incremento, pero sobre todo por un aumento del gasto en salud. Uno de los problemas es que este incremento presupuestario es para saldar deudas de años anteriores y además financiado con endeudamiento, lo que conlleva costos altos en el corto, mediano y largo plazo debido a que una parte son intereses de la deuda que no generan ningún tipo de retorno a la población.
En el ámbito de la Educación, aunque se asegura la continuidad de programas emblemáticos como la gratuidad escolar y el almuerzo escolar, la estructura del gasto continúa fuertemente condicionada por los servicios personales.
En este sector, los salarios y beneficios al personal absorben gran parte del presupuesto asignado, reduciendo el margen operativo para la inversión en infraestructura educativa, tecnología y capacitación docente.
El panorama se torna aún más complejo al analizar la presión tributaria que a pesar de los compromisos de la deuda permanece por debajo del 12% del producto interno bruto (PIB).
El crecimiento económico que tanto festejo genera desde algunos sectores no conduce a un aumento sustancial de las recaudaciones obligando a un endeudamiento público cada vez mayor.
Desde este punto de vista, el problema ya no es solo la baja calidad del gasto, sino también su escasa capacidad redistributiva teniendo en cuenta que gran parte de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos como el IVA que afecta desproporcionadamente a las poblaciones de ingresos mas bajos y a trabajadores.
La propuesta gubernamental prevé elevar el techo del déficit fiscal hasta un 3,9% del PIB para el ejercicio 2027 hizo decidir al Poder Ejecutivo solicitar la suspensión temporal de los topes de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), fijados en un máximo del 1,5% del PIB. Desde Ministerio de Economía y Finanzas, este descalce se justifica por el reconocimiento de deudas de dimensiones extraordinarias atrasadas.
Para financiar este déficit y cubrir el repago de vencimientos de capital, el proyecto autoriza millonarias emisiones de bonos e instrumentos de endeudamiento. El llamado bicicleteo: Más deuda para pagar deudas.
Al no haber reformas en el sistema tributario finalmente no queda otra alternativa que imponerle a la población una mayor carga.
Sostener el déficit mediante endeudamiento externo incrementa los costos del servicio de la deuda futura en un contexto de tasas de interés globales relativamente elevadas, erosionando el espacio fiscal para el financiamiento de políticas que necesita la población y trasladando el problema no solo a los próximos años sino a generaciones futuras.
El proyecto, además, carece de reformas para mejorar estructuralmente el gasto. No se observan incentivos claros vinculados al presupuesto por resultados ni esquemas de evaluación de impacto de la inversión en obras o del gasto tributario.
Tampoco se abordan las deficiencias históricas de la Ley de la Función Pública ni la reestructuración de la caja fiscal de jubilaciones, uno de los principales orígenes del déficit dentro de los gastos rígidos de la Administración Central.
Se ve escaso esfuerzo por mejorar la calidad del gasto y una excesiva dependencia del endeudamiento; en definitiva, es poco lo que la población puede esperar del próximo presupuesto público.
