Todos los gobiernos que siguieron tras la caída de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990) han recordado la fecha con ceremonias y actos de distinto signo y matiz, no obstante Kast, reconocido partidario del régimen militar, dejó Santiago rumbo a regiones para sostener una agenda de trabajo.
“La fecha (11 de septiembre) es un día al cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y sentimientos, nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones”, señaló a la prensa el biministro de Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado.
“Le toca ser presidente de Chile”
La decisión de Kast de pasar por alto una de las fechas más importantes de la historia reciente del país no dejó indiferente a la oposición, que de manera conjunta criticó la ausencia de actos conmemorativos.
“El Presidente de Chile tiene que saber y reproducir que el lugar donde él vive (La Moneda), donde él gobierna, fue destruido por un bombardeo que realizaron las fuerzas sediciosas y fascistas”, señaló a los medios el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona.
“Le pido que tenga una estatura de Estado por sobre la posición política partidista, porque hoy le toca ser presidente de Chile, no un activista de la derecha”, subrayó el líder del PC.
En la misma línea, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, afirmó que si bien pueden existir posiciones políticas distintas, “hay algo que no admite dos lecturas, nada justifica torturar, asesinar ni hacer desaparecer a una persona”.
“En Chile lo hicieron agentes del Estado, por eso el Estado no tiene derecho a olvidar”, recalcó.
En este contexto, la oposición, en conjunto con la Fundación Salvador Allende, anunciaron un acto de conmemoración en el Cementerio General de Santiago, actividad que se suma a cientos de homenajes en distintos puntos de país.
Flanco abierto
Un recorte presupuestario cercano al millón dólares en el programa que coordina la búsqueda de los detenidos desaparecidos, la evaluación de posibles indultos a criminales de lesa humanidad y el vínculo directo de personas del Gobierno con la figura de Pinochet mantienen para Kast un frente abierto en materia de Derechos Humanos.
Para la abogada y ex encargada nacional de Plan de Búsqueda Paulina Zamorano, existe una “profunda preocupación” por el “silencioso desmantelamiento de las instituciones de derechos humanos vinculadas a la justicia transicional en Chile, el grave retroceso en materia de memoria y falta de financiamiento de los sitios de memoria”.
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Junto a la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, de la que forma parte, Zamorano llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo al que solicitaron un “seguimiento reforzado” a la situación del país tras acusar un “grave retroceso” en Derechos Humanos.
“Actualmente, no solo se ha visto mermada la gestión del Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda, sino que existen amenazas concretas contra el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), luego de que el Ministerio de Hacienda recomendara su disolución”, dijo a EFE.
Indultos
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, no ha descartado cursar indultos a criminales de lesa humanidad o a policías condenados por apremios ilegítimos durante las protestas de 2019, alegando que las solicitudes serán evaluadas “caso a caso”.
A mediados de mayo, fue liberado un exagente de la policía política de Pinochet, César Manríquez, condenado por la desaparición forzada de 86 personas, torturas sistemáticas y una ejecución, delitos acreditados por la Justicia.
El ex agente, que acumula 57 sentencias por persecución y asesinato de opositores políticos, se benefició de un fallo dividido de la Corte Suprema que aceptó liberarlo por una supuesta “enajenación mental”, beneficio al que optó sin el alegato del Programa de Derechos Humanos.
“La concesión de beneficios carcelarios preocupa ante la no participación del Programa de Derechos Humanos en las solicitudes de estos beneficios ante la Justicia, dejando a los representantes de los familiares de las víctimas a cargo de los alegatos”, advirtió a EFE Magdalena Garcés, litigante en causas de crímenes de lesa humanidad.
“Hablamos de una suerte de negacionismo en el sentido que nos encontramos con un gobierno que reivindica el legado y la obra de la dictadura civil militar, en tanto no hay actos reivindicativos en memoria de las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas en ese periodo”, sentenció.
Fuente: EFE.
