Muchas promesas realizadas en campaña están siendo olvidadas por completo. Se trata de necesidades de la población que son reales y urgentes. El transporte público aún no cuenta con mejoras, los costos de la canasta básica siguen en aumento y no existe ninguna regulación al respecto. En todos sus discursos de campaña, el presidente Santiago Peña había prometido la reducción del costo de los combustibles y de los alimentos. Mientras lo primero es fluctuante, los precios de los alimentos continúan en alza y se espera que la tendencia empeore debido a la difícil navegación de los ríos. La agricultura familiar no es atendida mientras avanza la producción de granos a grandes escalas que beneficia a un solo sector. Es constante escuchar el lamento de los pequeños productores que no logran ubicar sus productos a un buen precio y de esa forma, se desalienta a la horticultura. En cuanto al sistema de salud pública, este gobierno se ha aplazado por no dar la respuesta esperada a hospitales como el Incán, donde la demanda de medicamentos oncológicos es una constante. El cartismo con su aplanadora rechazó el proyecto de aumentar el impuesto al tabaco para destinar los fondos a medicamentos. El Hospital de Itauguá sufre una infestación de alimañas y los médicos apuntaron a la clase política como causa del deterioro de la salud pública en Paraguay.
El servicio del IPS pasó de peor a paupérrimo, desde la atención en los call center, pasando por las demoras para la atención de un médico, la realización de estudios y la entrega de medicamentos.
Mientras Peña presenta en el extranjero una imagen idílica del país, la realidad es que las necesidades de la población son desatendidas y su equipo político impone mano dura sobre la sociedad civil. Varios exponentes de la oposición y de la disidencia colorada alertan de que la prensa continúa en el itinerario cartista, mientras el crimen organizado se enseñorea con más fuerza en nuestro país.
Asimismo, la inseguridad campea en las ciudades, con un alarmante aumento de la delincuencia, principalmente a raíz de los incontrolables chespis.
El oficialista movimiento Honor Colorado copa casi todas las instituciones, pero solo para beneficio de parientes y operadores políticos. El miércoles, el Senado sancionó el proyecto de ley que controla los recursos privados que reciben las oenegés. La oposición y la sociedad civil piden que el Ejecutivo vete el proyecto. Peña deberá decidir el destino de esta ley, aunque lo más probable es la aprobación.
