Aunque públicamente el presidente de la República, Santiago Peña, se expresó sorprendido y molesto por el contenido del supuesto plan estadounidense “de Acción Integrado Interinstitucional Anticorrupción para Paraguay”, filtrado a la prensa, algunas acciones del propio mandatario reflejan que ya hay una tímida sintonía con varios puntos de la hoja de ruta norteamericana en esta materia. Además, las conversaciones con autoridades estadounidenses y otras señales políticas de ambas partes indican que en realidad el jefe de Estado paraguayo está al tanto del plan y ha tomando conciencia de que EEUU y otros aliados tienen en el núcleo de sus preocupaciones y eje de sus cooperaciones con el Paraguay el fortalecer la musculatura institucional anticorrupción y de lucha contra el crimen organizado. Esto, asumiendo que parte de quienes ponen obstáculos para avanzar en ese objetivo están en la estructura política y económica del país y que el ex mandatario Horacio Cartes es uno de esos actores.
Al margen de su participación en la reciente Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Peña dialogó con Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, y Christopher Dodd, asesor especial de Joe Biden para Latinoamérica. También tuvo un breve encuentro con el presidente norteamericano. Es difícil suponer que en estos encuentros no hayan conversado sobre el principal tema de preocupación de los Estados Unidos respecto a Paraguay: la corrupción.
“La cultura de la impunidad de Paraguay para los actores políticos más poderosos del país –que también impulsan la actividad económica– es el principal desafío de la corrupción. Esta impunidad es explotada por una serie de actores poderosos, incluidos los narcotraficantes transnacionales...”, resalta el plan anticorrupción presuntamente diagramado por EEUU para el Paraguay.
Antes de asumir como presidente, Peña había recibido en su domicilio la visita del embajador de ese país en Paraguay, Marc Ostfield. Según declaraciones a la prensa, entonces conversaron sobre temas claves de cooperación, el negocio de la carne, “el combate contra el crimen organizado y el fortalecimiento institucional”.
El 9 de agosto ambos actores volvieron a reunirse, esta vez, en la sede de la Embajada de los EEUU en Asunción. El encuentro duró 3 horas. El canciller Rubén Ramírez informó que realizaron una “revisión integral de la agenda con los EEUU”. Hablaron de cooperación en seguridad, combate al narcotráfico, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Es decir, los temas que aparecen en el plan del que se ha tomado conocimiento al filtrarse a la prensa.
“Peña ha enfatizado ante los medios su intención de trabajar estrechamente con Estados Unidos, incluso en materia de corrupción”, destaca el documento que contiene dicho plan, que está fechado el 27 de julio, antes de la toma de posesión de cargo de Peña, que fue el 15 de agosto.
A 5 días de asumir el cargo, el mandatario convocó a una “cumbre de poderes”. Junto con el vicepresidente, Pedro Aliana, conversaron con el presidente del Congreso Nacional, senador Silvio Ovelar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; y el contralor general de la República, Camilo Benítez. Según dijeron, el tema de la cumbre fue coordinar tareas para la lucha contra la corrupción. La Cumbre tuvo una segunda parte, 4 días después. Concluyó con la firma de un acta de compromiso de creación de estrategias para el combate contra la corrupción, que serían presentadas en tres meses. “La corrupción es un flagelo que erosiona a las instituciones y que impide el desarrollo”, expresó entonces Peña. Paraguay solo recientemente comenzó a construir estructuras para monitorear y exponer la corrupción y hacer cumplir las leyes anticorrupción. “Tiene cierta sociedad civil y actores de los medios preparados para investigar y publicar información sobre corrupción, pero carece de recursos financieros y de otro tipo de recursos necesarios para montar una campaña sostenida e impactante”, refiere el documento anticorrupción que se supone elaboró EEUU. Igual señalamiento realiza respecto a que existen tribunales, investigadores y fiscales especializados en tareas anticorrupción, “pero carecen de cobertura legal para utilizar los diversos métodos de investigación, como las escuchas telefónicas legales...”.
Agrega las ineficiencias persistentes en el sistema que ralentizan y retrasan la administración de justicia. Esto puede ser especialmente nocivo dado el plazo de prescripción de 5 años por delitos relacionados con la corrupción”, advierte.
Ante todo esto, el plan de acción de EEUU en Paraguay contempla estas líneas de esfuerzo y objetivos: Apoyar una supervisión ciudadana efectiva; fortalecer las instituciones judiciales y policiales, y mejorar la eficacia de la supervisión gubernamental anticorrupción. En el proceso por hacer que Paraguay tome como cuestión de Estado la lucha anticorrupción, y a pesar de “la capacidad de Cartes para controlar los niveles de poder del país”, el plan mencionado incluye sumar la colaboración de países como Colombia, Taiwán, y de la Unión Europea.
