El dictamen aprobado se refiere a una concesión de un inmueble ubicado en el distrito San Roque de la ciudad de Asunción, con cuenta catastral N° 12 (parte). Indica que la firma, además de realizar acciones de compensación ambiental, debe presentar un plan de retiro de sus instalaciones en un plazo máximo de 5 años.
El documento proveniente de la Comisión de Hacienda, presidida por el edil Miguel sosa (ANR-cartista), encomienda además a la Intendencia a que se “notifique y/o intime” a la firma para que cumpla con un plan de pago establecido, conforme a una facturación expedida por el Departamento de Liquidaciones fechada el 21 de agosto de 2024.
El incumplimiento –sigue el documento– “ocasionará la rescisión inmediata del contrato de uso, quedando el Ejecutivo Municipal facultado para iniciar las acciones tendientes a la disposición y recuperación del terreno”.
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La concejala Paulina Serrano (PPQ) cuestionó dicho dictamen por prácticamente ignorar las condiciones en las que se encuentra el amarradero y también porque el plazo podría servir como excusa para que la empresa nunca se traslade del lugar.
“Los que están en la Franja Sur, en donde la ciudad permite este tipo de actividad, buenísimo que ahora tengan su documentación y que entonces puedan aportar como corresponde. Es demasiado distinto este tema de la actividad dentro de la reserva, que tiene una ley de protección de área protegida”, comparó Serrano.
Aseguró que el plazo máximo de 5 años, apuntado en el dictamen, no es razonable para el referido amarradero, atendiendo a sus dimensiones y su precaria infraestructura.
“Un amarradero no va a necesitar jamás 5 años para salir de ese lugar. Entiendo que un astillero grande sí necesite a lo mejor más de un año para desmontar toda su infraestructura y volver a montar eso en otro sitio. Este no es el caso”, observó.
“Si nosotros le decimos: ‘Hasta 5 años’, claro que se van a quedar 5 años. Si queremos acelerar esa salida, (...) entonces claro que vamos a poner un plazo menor, sabiendo que la infraestructura que tiene (el amarradero) no es la de un astillero”, añadió.
Su propuesta, de acortar el plazo a 6 meses para la presentación del plan de retiro, se opuso a la que defendió el edil Miguel Sosa, quien apoyó la aprobación del dictamen.
“Se está cediendo el uso precario, que si (la empresa) no cumple con una de las cláusulas que está en el dictamen, automáticamente se revoca, no necesitamos siquiera plazos para revocar”, objetó el concejal.
En su exposición, Sosa leyó el artículo 2 del dictamen, en el que se deja constancia de que la firma debe establecer su plan de retiro en un plazo máximo, “y esto se puede dar de aquí a un mes, dos meses”.
“El mínimo también se puede dar en cualquier momento, porque hay cláusula específica que se tiene que cumplir, como ser regularizar y habilitar a través del Mades, que no creo luego que le habilite porque es una zona restringida, por eso justamente se le da posibilidad del plan de retiro”, explicó.
Añadió que el único modo de que la firma regularice sus actividades y pague su licencia y patente comercial, es a través de un documento que permita el uso de la tierra. Informó en este sentido que existen unos 75 astilleros entre los cuales “muy pocos son los que pagan”. Con el dictamen, según Sosa, se exige que los amarraderos y los astilleros “se pongan al día con sus tributos”.
Serrano, por su parte, leyó el Plan de Manejo del área del Banco San Miguel, que habla en su capítulo 14 sobre las distintas amenazas y conflictos que apeligran la vida de la reserva. “Astilleros, caleras, la presencia de puertos, se convierten en mayores conflictos, dado que estas actividades son totalmente incompatibles con los objetivos del área”, refirió la concejala durante su exposición.
Ambas mociones, la de Serrano y Sosa, se pusieron a votación. Los colorados apoyaron en mayoría al pedido de la intendencia a cargo de Luis Bello, acumulando 15 votos a favor. La propuesta de Serrano solo obtuvo 6 votos.
Hubo otros cuatro dictámenes por medio de los cuales se aprobó la cesión en uso de numerosos astilleros, entre ellos Riveiro SA, Mar del Plata, Geld SA, Rotela, todos ubicados en el distrito La Encarnación, en el área de la Costanera Sur.
