Las dos grandes debilidades de la gestión pública en Paraguay son la fragilidad de la gobernanza corporativa en las empresas estatales y la ineficacia en su supervisión. A este escenario se suma una asimetría de poder: las empresas energéticas locales suelen ser más poderosas que los propios ministerios que deberían regularlas. Además, las dos compañías de mayor peso económico en el país son binacionales (con la posibilidad latente de que se creen dos más), las cuales gozan de un estatus internacional especial que, en la práctica, opera como un blindaje contra el control local.
Para resolver este problema, la lógica estructural propuesta busca separar tres funciones críticas: la rectoría de la política energética –que recaerá en el Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos (MEMH)–, la propiedad-supervisión a cargo del SEP-EMH y la planificación técnica bajo la responsabilidad del IPE.
El MEMH nace con la misión de definir políticas, planificar y coordinar. Al ser una institución nueva, sin estructura consolidada, personal propio ni suficiente capacidad instalada, no puede ni debe pretender supervisar de forma directa a empresas de gran envergadura, poder económico y trayectoria técnica como la ANDE, Petropar o los entes binacionales.
Para subsanar esta limitación, se propone la creación de dos organismos autárquicos adscritos al MEMH:
1. SEP-EMH (Sistema de Empresas Públicas de Energía, Minería e Hidrocarburos)
Será el brazo técnico del Estado en su rol de propietario. Su función es vigilar que las empresas públicas cumplan sus metas, evaluar su gestión, velar por el patrimonio público y proponer designaciones técnicas. Para evitar ser juez y parte, el SEP-EMH no coadministrará ni recibirá financiamiento o personal de las empresas bajo su control. Este organismo absorberá las funciones y recursos del Consejo Nacional de Empresas Públicas correspondientes a este sector.
Competencias principales del SEP-EMH:
Representar los intereses del Estado como accionista o propietario de las empresas del sector.
Proponer metas e indicadores de gestión, y suscribir contratos de gestión por resultados aprobados por el MEMH.
Evaluar anualmente el cumplimiento de metas y remitir informes independientes al MEMH, al Congreso y a la Contraloría General de la República.
Dictaminar previamente sobre la idoneidad y la ausencia de conflictos de intereses de los candidatos a directores de las empresas públicas.
Requerir información estandarizada, verificar su consistencia y realizar auditorías de gestión independientes.
Garantizar su independencia prohibiéndosele recibir financiamiento, personal o servicios de las entidades bajo su supervisión.
2. IPE (Instituto de Planificación Energética)
Competencias principales del IPE:
Elaborar el Plan Energético Nacional con un horizonte mínimo de diez años (revisable cada cinco). Este plan abarcará todos los vectores y fuentes de energía: electricidad, hidrocarburos, biomasa, bioenergía y biocombustibles –incluyendo HVO, combustibles sostenibles de aviación (SAF), amoníaco e hidrógeno de bajas emisiones–, además de energías renovables y tecnologías emergentes.
Realizar estudios independientes de oferta, demanda, costos, riesgos, integración regional y escenarios de transición energética.
Publicar el Balance Energético Nacional con datos validados de forma independiente, desagregados por fuente, vector y sector de consumo.
Preparar los estudios técnicos de base para el diseño de políticas, planes de inversión, licitaciones, concesiones y contratos sectoriales.
Evaluar la viabilidad y el potencial exportador de vectores energéticos emergentes como el amoníaco y el hidrógeno.
Emitir dictámenes técnicos públicos previos sobre las solicitudes de importación y exportación de energía eléctrica.
Ambas instituciones responderán al MEMH en lo político-estratégico, pero gozarán de autonomía técnica y funcional para evitar la captura institucional y las presiones políticas. El esquema es claro: el Ministerio fija el rumbo, mientras que organismos especializados y blindados verifican que se navegue correctamente. Dividir funciones para fortalecer el control.
Itaipú y Yacyretá (El desafío binacional)
Aunque Itaipú y Yacyretá se rigen por Tratados Internacionales que esta ley no puede modificar, el objetivo es terminar con la falta de control real efectivo. Se busca garantizar que la margen paraguaya tome decisiones estratégicas respaldadas por datos propios, planificación soberana y una rendición de cuentas transparente.
Bajo este nuevo esquema, el trabajo articulado se estructurará así:
El MEMH coordinará la posición nacional ante las binacionales, con el apoyo técnico del IPE y la evaluación del SEP-EMH.
El MEMH y el IPE elaborarán de forma conjunta la postura técnica y negociadora del Paraguay.
El SEP-EMH evaluará el desempeño y la gestión de los representantes paraguayos ante dichos entes binacionales.
La versión formal técnica de la propuesta está a disposición de las autoridades.
