Resulta casi pedagógico hacer un repaso rápido de los bemoles de nuestro joven presidente para identificar los dos niveles en los que se desarrolla la corrupción sistémica paraguaya; la criolla, que solo nos jode a nosotros, y esa otra con proyección internacional que nos ha valido tantos significativos reconocimientos últimamente.
La primera es la de siempre, la matriz del modelo político paraguayo de la que el Partido Colorado es el mejor ejemplo. Se trata de la vasta red de negocios perpetrados a costa del dinero y la propiedad pública. Acá entran desde las licitaciones amañadas, sobrefacturadas o ficticias, como las que se investigan ahora en IPS, hasta el reparto de tierras públicas, como las más de 50 mil hectáreas cercenadas en la última década al Ministerio de Defensa, entre ellas las coquetas residencias costeras cuyo blanqueo gestiona el siempre solícito senador cartista Bachi Núñez.
Esta es básicamente la línea de negocios de la dirigencia partidaria más tradicional, aquella educada en la doctrina del clientelismo político, del zoquete bien entendido que empieza por casa y del estado visto como una herramienta insustituible para garantizar la calidad de vida de la familia, los amigos y los correligionarios. Se inscriben en este punto el reparto de cargos públicos, la compraventa de fallos judiciales, imputaciones y absoluciones; nombramientos de jueces y fiscales y la creación permanente de nuevas oportunidades comerciales merced a la burocracia del estado.
La vigencia de este modelo ha dejado su impronta en el funcionamiento del estado. Se estima que más de la mitad de todas las propiedades del país tienen graves problemas de registración. Tenemos fincas de dos y tres pisos. Nadie sabe en el estado cuántas fincas públicas existen, dónde están ni en manos de quién.
Las cárceles se convirtieron en centros comerciales regenteados por líderes criminales que ejercen todo su poder tras las rejas. Todo se compra en la prisión. La comida, el alcohol, las drogas, el sexo, la ropa. El reo pobre (en su mayoría sin condena) con suerte puede quedarse en un pasillo sobre un maloliente colchón, pero debe pagar para no ser abusado en la noche. Si quiere garantía de comida, supervivencia e invicto, tiene que besar el anillo de Javier Rotela, jefe absoluto del microtráfico de Central, condenado a 27 años de prisión y emperador de facto de la penitenciaria.
Pero esta sigue siendo la corrupción criolla, la que solo nos jode a nosotros. Luego está la otra, esa que se encargó de neutralizar al estado como herramienta de control, de aplicación de las leyes. Es la corrupción que se nutre de un negocio infinitamente más lucrativo, el del tráfico de cigarrillos y drogas. Es el tipo de corrupción que convirtió al país de mero corredor del comercio ilegal, en centro de acopio y exportación de drogas pesadas y en el principal foco de lavado de dinero de la región.
En esa línea, el realismo mágico alcanza niveles sorprendentes incluso para los parámetros paraguayos. Supuestos compradores de cigarrillos que aparecen y desaparecen sin dejar huella. Casas de cambios que brotan como hongos. Miles de millones de dólares entrando y saliendo del sistema a un ritmo frenético. El cigarrillo se convirtió en moneda de cambio de las mafias provenientes de cualquier lugar del planeta. Dejamos de ser los corruptitos pintorescos de Sudamérica y pasamos a ser funcionales para gente peligrosa, incluso para el país más poderoso del mundo.
Los cultores del estilo tradicional de corrupción apuntan el dedo acusador al padre de este modelo trasnacional; los paniaguados de este responden desnudando los vicios criollos. Dos caras de una misma moneda, de un mismo grupo político que llevó al poder a Santiago Peña y que hoy lo sacuden con escándalos inevitables, erupciones purulentas de una infección de la que ellos son el principal patógeno.
