El mayor porcentaje de los donantes corresponden a un diagnóstico de muerte encefálica. La decisión recae así en la familia, donde se ven involucrados lazos afectivos, creencias religiosas y otros factores que pueden constituir barreras en el momento de la donación.
“Un gran porcentaje de la población desconoce el tema o, prácticamente, lo ignora. De ahí deriva la negativa a la donación”, comentó Gustavo Melgarejo, actual titular del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).
Pese a contar con un alto porcentaje de víctimas fatales por muerte encefálica, ocasionadas -en su mayoría- en accidentes de tránsito, la tasa de donación se mantiene en dos personas por millón de habitantes desde hace más de 10 años.
El porcentaje más alto se obtuvo en el 2009, cuando se llegó a tan solo el 3%. Con estas cifras a cuestas, Paraguay se posiciona en los últimos escaños de las estadísticas a nivel regional.
Melgarejo consideró que estos números son reversibles, siempre y cuando se opte por sistemas más eficaces de comunicación entre la institución y los familiares. Para ello, recomendó la aplicación del modelo español.
“En este modelo, cada hospital de alta complejidad tiene un coordinador de trasplante. Este coordinador media entre la familia y la institución, maneja la lista de espera y, en base a eso, asigna los órganos de acuerdo a la enfermedad que tiene el paciente”, explicó.
El INAT tiene en total a 200 pacientes en lista de espera para recibir un nuevo órgano que les ayude a mejorar su calidad de vida. Con la distribución correspondiente, son 106 las personas que aguardan un trasplante de córnea, 76 de riñón, 11 de corazón, seis de hígado y una de pulmón.
¿Qué dice la legislación?
Paraguay cuenta con la Ley 1246, promulgada en mayo de 1998, donde se establecen las disposiciones para trasplantes de órganos y tejidos. Esta legislación refiere que una persona es donante automáticamente a partir de los 18 años, a no ser que exprese lo contrario ante el INAT, pero también esto dependerá de la autorización del o la cónyuge, de los hijos mayores o de los padres.
“Básicamente, el trasplante lo determina el médico especialista de cada área. La idea no es hacer ningún tipo de desfiguramiento, el proceso por el que es sometido requiere de la misma delicadeza por la que es sometida una persona con vida”, destacó.
Pese a que en las líneas de la mencionada ley se aclara que aquella persona que no desea ser donante debe declararlo ante el INAT, la institución resolvió habilitar, de igual forma, un registro del donante. En él se encuentran inscriptos 25.000 jóvenes y adultos interesados en ser, algún día, partícipes de este acto altruista.
El médico explicó que un donante ideal, de unos 50 años, sin ninguna enfermedad base y con muerte por hemorragia cerebral puede beneficiar hasta siete personas, en vista a que es posible trasplantar riñón, páncreas, pulmón, hígado, corazón, piel y córneas.
El país cuenta en total con cinco centros hospitalarios públicos que llevan a cabo las cirugías de trasplantes: el Hospital de Clínicas (San Lorenzo), Hospital Nacional del Itaugua, Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, Hospital San Jorge (Asunción) e Instituto de Previsión Social (Asunción).
Un ahorro para el sistema
Actualmente, el INAT dispone de un presupuesto anual de unos G. 7.200 millones. Un monto que, según refirió Melgarejo, no abastece a la creciente cantidad de personas que requieren del complejo procedimiento y posterior medicación.
“Más allá del altruismo, el trasplante es un ahorro para el sistema. Tratar a una persona con dolencias cardiacas, de hígado o riñón tiene costos más elevados que una persona trasplantada. Esto debido a que la enfermedad avanza y su costo aumenta”, sostuvo.
En ese sentido, detalló que el monto aproximado requerido para la cirugía es de G. 76 millones, que son absorbidos por el Estado. Esta cifra puede ser aún mayor si se opta por centros médicos privados. En tanto que el tratamiento posoperatorio es riguroso y de intensa medicación solo el primer año.
“La esperanza de vida luego de la cirugía es alta. Todo depende del control y el cuidado de los pacientes”, acentuó.
Otro punto que el titular del ente no dejó pasar es la problemática social que envuelve la realidad de muchos de los trasplantados. Teniendo en cuenta que cada caso es de alta complejidad, consideró importante desarrollar un programa con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) para asegurar que el paciente acceda a condiciones de vida digna.
“El tratamiento debe ser integral, muchos de nuestros pacientes son insolventes. Nosotros, como sistema, tenemos que proteger a esa persona a fin de darle una vivienda apropiada para su estado de salud”, precisó.
Finalmente, Melgarejo solicitó a las autoridades de la cartera sanitaria dotar de más recursos financieros a esta rama de la salud, dado el ahorro que simboliza para el Estado.
