La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) aguarda un pedido de informe por parte de investigadores para determinar si se dieron irregularidades en los ingresos de empresas vinculadas al ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante su gestión entre los años 2018 al 2023.
Esto se da luego de que la Contraloría General de la República (GGR) haya realizado un informe donde resalta supuestas “incongruencias” en la declaración jurada del ex mandatario, por el movimiento económico de las empresas Aldia SA y Createc SA, dedicadas a la importación y distribución de asfalto.
Ever Otazú, gerente de Impuestos Internos de la mencionada institución, señaló que aguardan un pedido de instituciones de control para determinar si hubo irregularidades en el manejo del dinero de las empresas de Abdo.
“Si nosotros recibimos algún tipo de denuncia o algún tipo de comunicación, con base en esa comunicación y conforme a los análisis que se hacen, podemos determinar si existe algún tipo de contingencia tributaria”, expresó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
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¿Qué dice el informe de Contraloría?
Contraloría señala que en la cuenta de inversiones a largo plazo correspondiente al ejercicio del 2023, año en que dejó la presidencia Mario Abdo, se observa un incremento de 39.117.950.000, lo que representa en términos porcentuales un aumento del 2799% con relación al año anterior.
En el informe también señalan que las citadas empresas resolvieron destinar G. 11.812.578.029, correspondientes al 52% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019, y G 5.127.056.586, correspondientes al 25% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2023, a un “fondo especial de inversiones” y no se distribuyeron entre los accionistas, lo que podría constituir una inconsistencia en términos tributarios.
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“Es una herramienta legal”
El envío de las utilidades a un fondo de inversión, según Otazú, es una herramienta contable que no se encuentra al margen de la ley.
“Es muy normal, es muy común”, señaló. “La ley no obliga a la empresa a distribuir necesariamente su utilidad, es decir, la empresa puede capitalizar o puede mantener reservas, capitalizar una parte y mandar a reservas otra o distribuir una parte, capitalizar otra parte y mandar reservas a otra”, agregó.
En términos tributarios, el efecto de esta acción podría derivar en la falta de pago del IDU, que es el impuesto que se paga por la distribución de los dividendos, utilidades o los rendimientos cuando estos sean puestos a disposición o pagados al dueño, al consorciado, al socio o al accionista de las empresas que las generan.
