Existen ideas que a pesar de que ya fueron refutadas por la evidencia, siguen reapareciendo en el debate público como si aún estuvieran vivas. No basta con refutarlas una vez con datos, pues sobreviven y regresan periódicamente en discursos políticos, editoriales, informes de institutos «independientes» o debates legislativos. Es a lo que Paul Krugman denomina zombies.
Que impuestos bajos impulsan la inversión, que el déficit fiscal es siempre perjudicial, que el sistema previsional está quebrado o debe privatizarse, que la austeridad promueve crecimiento y, desde luego, que el salario mínimo destruye empleo o alimenta la inflación son algunos ejemplos.
En el debate sobre el próximo ajuste del salario mínimo, el sector empresarial ha vuelto a dar vida a varios de estos zombies.
El primero es que un aumento del salario mínimo destruye necesariamente empleo formal.
Card y Krueger ya mostraron en 1992 que un aumento moderado del salario mínimo no reduce el empleo. Estudios posteriores llegaron a conclusiones similares, incluso en el empleo juvenil. Más recientemente, la revisión internacional de Dube (2019) concluyó que la evidencia muestra efectos muy acotados sobre el empleo y mejoras claras en ingresos de trabajadores con salarios bajos.
El segundo es que el salario mínimo no sirve para reducir la pobreza.
Existe evidencia robusta de que aumentos del salario mínimo elevan los ingresos familiares en los sectores de menores ingresos y contribuyen a reducir la pobreza. Aquí aparece, además, una falacia: asumir que la reducción de la pobreza prueba que la regla actual de ajuste es óptima. La caída de la pobreza puede explicarse por múltiples factores, como ser crecimiento económico, transferencias, ciclo económico, nivel de ocupación, baja inflación, cambios metodológicos o variaciones del ingreso laboral no necesariamente vinculadas al salario mínimo.
El tercer argumento es el de la inflación.
La evidencia sobre el traspaso a precios muestra que una parte del aumento de costos puede trasladarse a precios —especialmente en servicios—, pero los efectos suelen ser pequeños en relación con el incremento y no implican una espiral inflacionaria. Además, las empresas también absorben costos mediante menores márgenes, reducción de rotación laboral, mayor productividad o reorganización interna. Incluso un traslado parcial a precios puede ser socialmente aceptable si el efecto distributivo neto favorece a los trabajadores de menores ingresos.
Es cierto que en Paraguay el salario mínimo funciona como referencia para multas, tasas, contratos y otros precios, lo que puede amplificar ciertos efectos. Sin embargo, si la indexación es precisamente una de las razones por las que el sector empresarial se opone a aumentos superiores al IPC, no puede utilizarse ese mismo argumento para bloquear incrementos de manera permanente y, al mismo tiempo, postergar indefinidamente la desindexación.
El cuarto zombie es normativo:
La idea de que la legislación vigente establece como límite absoluto del aumento salarial la variación interanual del IPC. Basta una revisión sistemática del Código del Trabajo para desacreditar esa interpretación.
Finalmente, hay un hecho difícil de discutir: el salario real permanece estancado desde hace una década. Rechazar la necesidad de un aumento acorde sin presentar evidencia sobre el peso de los trabajadores afectados, la participación salarial en los costos, los márgenes empresariales, el pass-through, la productividad, la estructura sectorial o la capacidad de sustitución laboral es, precisamente, una postura zombie.
