El proyecto establece medidas de impulso a los programas productivos destinados a la agricultura familiar campesina, en el marco de la recuperación económica por la pandemia del Covid-19.
Los diputados no pudieron ratificarse en su versión en la que reprogramaron los gastos previstos para transferencias, dejando un fondo de USD 1,5 millones, de los USD 16 millones solicitados.
El proyecto contempla USD 25 millones en inversiones para la agricultura familiar campesina. Este jueves, los senadores se ratificaron en su versión inicial, cediendo al pedido realizado por los productores que se movilizaron en Asunción.
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Además, el proyecto de ley contempla préstamos por un monto de USD 32 millones para la inversión en obras públicas.
La financiación de los recursos estipula que el Ministerio de Hacienda emita nuevos bonos en el mercado nacional e internacional. El documento pasa a consideración del Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
Debate
En el inicio de la sesión, los diputados discutieron sobre la legalidad de la convocatoria de la sesión extra.
La diputada Kattya González (PEN) cuestionó que la misma no haya sido notificada en tiempo y forma. Sin embargo, la mayoría colorada decidió seguir adelante con el desarrollo de la sesión.
Respecto al proyecto de ley, la diputada oficialista Jazmín Narváez aseguró que la intención de controlar la distribución del dinero es buena, pero el plazo para realizar la asistencia mediante licitaciones, ya venció. Pidió aceptar la versión del Senado.
“Los labriegos necesitan con suma urgencia de la asistencia, a nadie le gusta mendigar. Sangra el corazón del que debe pedir. Estamos fuera de plazo para una solución integral”, dijo.
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El diputado liberal Celso Kennedy afirmó que no queda alternativa más que aprobar la versión del Senado. Aseguró que el dinero no es una solución real para el campesinado, pero sí constituye una “solución política para un problema que tiene el Gobierno”.
Celso Kennedy aseguró que aprobará el proyecto de ley, versión Senado, como una medida solidaria, pero reiteró que el Gobierno no tiene un plan para el campesinado.
El titular de la Comisión de Presupuesto, el cartista Miguel Tadeo Rojas, reconoció que existe una deuda histórica del Estado con el campesinado. Sin embargo, aseguró que este tipo de transferencia no es la solución integral. Adelantó que no está a favor de este tipo de asistencias.
Miguel Tadeo Rojas solicitó, en nombre de la bancada cartista, la ratificación del proyecto de ley en su versión de la Cámara de Diputados.
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Entretanto, el diputado Sebastián García (PPQ) calificó la transferencia de dinero como uso populista de los recursos del Estado. El legislador señaló que las movilizaciones campesinas son “extorsiones” lideradas por los mal llamados líderes campesinos. Indicó que el Gobierno busca apoyo político con este tipo de medidas.
Raúl Latorre (ANR- HC), por su parte, aseguró que lo que sucede es la “institucionalización de la violencia” ya que los campesinos cierran las calles y violentan el derecho de terceros escudados en organizaciones campesinas.
Por otro lado, el diputado oficialista, Miguel Cuevas, aseguró que de la aprobación de estos recursos depende para que miles de familias sigan comiendo. Aseguró que con la versión original, la ayuda ya no llegaría este año y se pone en riesgo la producción del próximo año.
