Vallejo indicó que prevenir y combatir la delincuencia organizada es una prioridad nacional, y para ello debemos contar con un marco legal que permita hacer efectiva esa tarea.
“El Paraguay debe hallarse en condiciones de identificar, evaluar y entender sus riesgos, tomando acciones para asegurar su mitigación eficaz. También es necesaria una adecuada construcción de infracciones, así como la disposición de una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas aplicables a estas.
Mencionó que existen pautas esenciales a ser implementadas dentro del modelo preventivo del sistema, vinculadas a las recomendaciones del GAFI, donde mediante la construcción de instrumentos que permitan abordar este enfoque se logrará propiciar un rol de control más activo por parte de todos los actores que conforman el sistema, introduciendo pautas acordes a los estándares GAFI.
CAMBIOS. Entre las principales modificaciones figuran las sanciones administrativas a personas físicas infractoras.
En ese sentido se eleva la multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales, además de la multa de hasta el 10% del monto total de la operación.
Propone, igualmente, la remoción del cargo con inhabilitación, por un período de 3 a 10 años, para el ejercicio de cargos de dirección o administración para las personas físicas.
Por otra parte, para las personas jurídicas eleva la multa de 100 a 5.000 salarios mínimos, más la multa de hasta el 50% del total de la operación.
Igualmente se propuso un catálogo nuevo de definiciones de manera a actualizar y ubicar al país a la par y consonancia con la terminología internacional.
En el mismo contexto se ha readecuado la organización administrativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), atendiendo el enorme compromiso a nivel país en la lucha.
La Seprelad se constituye como la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, la cual gozará de autonomía funcional y administrativa y contará con personería jurídica propia.
La diputada Vallejo mencionó que la intención es que la iniciativa sea aprobada antes que se inicie el receso parlamentario, que arranca el 21 de diciembre.
Para ello las comisiones asesoras deberán dictaminar para que el pleno se expida al respecto.
Recordemos que nuestro país está en estos momentos bajo la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, en materia de lavado de dinero.
En ese marco se presentó un paquete de 12 proyectos de ley, que fueron promocionados por el propio Poder Ejecutivo y fueron sancionados por el Congreso Nacional.
el impacto del lavado en la política
