Con 35 votos a favor, los diputados decidieron aprobar con modificaciones el proyecto de ley que buscaba cancelar la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público infractoras de la ley.
Los legisladores aprobaron el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que establece un régimen de sanciones en el sistema de transporte publico de pasajeros del área metropolitana de Asunción.
La versión de la Cámara Baja determina el alcance de la normativa para todo el sistema de transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción que se encuentre bajo regulación, supervisión y control del Viceministerio de Transporte y establece a la institución como autoridad de regulación.
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El documento presentado menciona sobre los tipos de faltas o infracciones que serán sancionadas. En caso de faltas leves: multa que se fijará entre uno y cinco salarios mínimos legales, faltas graves: multa que se fijará entre seis y 10 salarios mínimos legales.
Por último, las faltas gravísimas: será de una multa que se fijará entre 11 y 20 salarios mínimos legales o cancelación de la concesión o permiso y prohibición de prestar cualquier tipo de servicio público de transporte de pasajeros por el plazo de diez años.
El proyecto contempla como falta leves circular con exceso de velocidad, maltrato al pasajero; falta de limpieza de las unidades, utilizar teléfonos celulares durante la conducción y circular con buses en mal estado.
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En cuanto a las faltas graves, serán considerados los siguientes hechos: no respetar las paradas obligatorias, no respetar la tarifa establecida para el servicio prestado, circular fuera del itinerario establecido, no cumplir con el itinerario establecido y circular sin seguro de pasajeros y contra terceros.
Las faltas gravísimas serán las siguientes: no respetar las frecuencias establecidas, circular con unidades no habilitados por su ente regulador, circular con unidades sin inspección técnica vehicular y no alzar pasajeros con discapacidad.
Asimismo, también se menciona que el Viceministerio de Transporte valorará las sanciones aplicadas y la gravedad de las mismas, al momento de analizar la renovación de los permisos o concesiones. Y tendrá la facultad de denegar la renovación de un permiso o concesión, si considera que la concesionaria o permisionaria ha prestado de manera deficitaria el servicio público de transporte.
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El debate del documento derivó en una interna entre colorados y liberales para desligarse de la responsabilidad de deficiente servicio, mientras que otros diputados apuntaron a que estas sanciones son paliativas y no brindarán una solución definitiva al problema.
Por su parte, diputado Édgar Acosta señaló que el documento del Senado es el que verdaderamente busca sancionar a las empresas que incumplan en sus servicios acordado con el Gobierno y que la propuesta de sus pares saca del contexto la problemática de las reguladas.
El proyecto versión Senado consta de siete artículos que dispone causales de sanción el hecho de que la empresa deje “unilateralmente” de prestar el servicio acordado en concesión y no regularice su servicio en las 24 horas, de recibir una intimación de los organismos de control.
También estipula una sanción penal para los empresarios que extorsionen o amenacen a los organismos del Estado con relación a sus servicios. Este hecho es punible y se considera de coacción y perturbación. El documento será analizado nuevamente por la Cámara de Senadores que debe ratificarse en su aprobación o aceptar los cambios.
