Política

Buscan sancionar a transportistas que no cumplan servicio

 

El senador de la Bancada B del PLRA, Salyn Buzarquis, anunció que volverá a presentar un proyecto de ley en el que se establezcan las causales de sanción para las empresas que tienen licencia de explotar el transporte público y no cumplan con los servicios concesionados. Para el senador, las empresas que operan y lo hacen de mala manera “regulando sus horarios”, no deben seguir teniendo licencias para operar.

“El documento que ya planteé y lo volveré a presentar sobre tablas y con pedido de voto nominal en el momento, yo le llamo ley antichantaje de los transportistas, a quienes si incurren en causales se les va cancelar la licencia y terminar con el subsidio, y si son reincidentes que se les prohíba definitivamente a presentarse a licitaciones o a concursar por itinerarios por un plazo de diez años”, sostuvo.

Agregó que según la gravedad del caso, su proyecto estipula una sanción penal para quienes incurran en la falta grave.

El documento que consta de siete artículos dispone como causales de sanción el hecho de que la empresa deje “unilateralmente” de prestar el servicio acordado en concesión y no regularice su servicio en las 24 horas, luego de intimada por el organismo.

Se añade a la causal de sanción el hecho de que “la empresa cometa la causal y falta prevista en el inc. a (dejar sin servicio) de este artículo durante una periodo de emergencia nacional, departamental o municipal, sea de naturaleza sanitaria u otra declarada por autoridad competente en el área donde presta servicios”.

Para este caso se añade, además de cancelación de licencia y su itinerario, “la prohibición de participar de licitaciones en licencia o itinerario de transporte público por un plazo de 10 años. Esta sanción incluye a los directivos de las empresas o sociedad que no podrán participar”.

Otra causal que establece el documento es que la empresa que no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con incapacidad física, cuanto menos en un cincuenta por ciento de su flota no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado. Se establece un plazo prudencial de ciento ochenta días para que las empresas adecuen sus buses a las exigencias de este inciso.

Por último, se estipula una sanción penal para los empresarios que extorsionen o amenacen a los organismos del Estado con relación a sus servicios. Este hecho es punible y se considera de coacción y perturbación.

DENUNCIA. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) accionará contra los transportistas que no cumplan con el servicio requerido por la ciudadanía. Lo hará a través del apoderado Cristian González.

“Mañana (hoy) presentamos con Cristian González, abogado del PLRA, una denuncia penal contra empresarios del transporte, por su regulada criminal en plena cuarentena sanitaria”, señaló el titular del PLRA, Efraín Alegre, en Twitter y agregó que también la “mafia del transporte tiene que irse”.

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