Los diputados decidieron castigar a su colega porque la legisladora había afirmado en un conversatorio sobre financiamiento político y desactivación de la corrupción lo siguiente: “De los 80 que somos, me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, al menos 70, al menos 60 que están acá con dinero sucio o con dinero de origen espurio y hoy están pagando cuentas con sus votos y con sus opiniones. Hoy están devolviendo ese dinero, haciendo lo que el financista le dice, votando por lo que quiere el financista”.
El Colegio de Abogados del Paraguay fue una de las instituciones que calificaron el hecho como “un acto arbitrario, inconstitucional y peligroso, pues atenta directamente contra una de las libertades fundamentales de todo régimen democrático”, destacando que resulta reprochable “la posición asumida por un grupo de diputados que, aprovechando una mayoría coyuntural, resolvió dar un golpe artero a una de las principales conquistas democráticas, como lo es la libertad de expresar ideas, opiniones o posiciones”.
En el mismo sentido, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un pronunciamiento calificando lo ocurrido como “un quebrantamiento del estado de derecho”, en el que exhorta “a los que ejercen la representación política a cumplir con el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes para fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el estado de derecho en la República del Paraguay”.
La CEP recordó, en concordancia con la Doctrina Social de la Iglesia, que entre las “deformaciones del sistema democrático”, la corrupción política es una de las más graves, ya que compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados.
Otra de las críticas más fuertes provino del propio cuerpo legislativo, en donde la mayoría de los miembros de la Cámara de Senadores aprobó una declaración, en la que considera que la sanción impuesta a la diputada Amarilla “es inconstitucional y representa un grave agravio y un peligro para las instituciones democráticas instauradas por la Constitución Nacional de 1992”.
A la vez de reivindicar el derecho constitucional de los legisladores de “controlar, interpelar y disentir libremente con el Ejecutivo, con otros colegas parlamentarios, ya sean diputados o senadores, ministros del Poder Ejecutivo o cualquier otra autoridad del Estado, evitando represalias”, la declaración del Senado insta a los diputados a revocar la resolución que sanciona a Amarilla, “por ser considerada inconstitucional, injusta y arbitraria”.
A pesar de ello, los diputados se burlan de las críticas y persisten en mantener la inconstitucional medida, en una actitud lesiva para la democracia, que debe ser corregida.
