La Cámara de Diputados aprobó, en sesión extraordinaria, el proyecto que declara en emergencia penitenciaria a todos los establecimientos penitenciarios del país, de varones, mujeres y centros educativos de menores, dependientes del Ministerio de Justicia, por el plazo de un año.
La iniciativa fue aprobada en general y posteriormente los diputados estudiaron los artículos en particular.
El proyecto autoriza el apoyo y el empleo de las Fuerzas Públicas, de conformidad a lo establecido en el artículo 226 de la Ley 5162/2014 del Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay, para la custodia y cobertura de seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios.
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Además, se otorga licencia a Justicia para adoptar las medidas administrativas que considere pertinentes, pudiendo realizar la contratación de personal (en carácter de la excepción a lo dispuesto en la Ley 1626/200 de la Función Pública) y la compra de bienes y servicios (bajo el régimen de excepción, con base en el inciso C del Artículo 33 de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas).
De igual manera, se faculta a Hacienda a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias a favor del Ministerio de Justicia, mediante decreto del Poder Ejecutivo (no regirá lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1535/1999 de Administración Financiera del Estado, sobre la creación de cargos solo por ley).
Se estableció también que Hacienda deberá informar a ambas cámaras del Congreso las modificaciones presupuestarias, todas las veces que estas sean realizadas.
Por su parte, Justicia deberá proveer información de manera cuatrimestral sobre el avance de la ejecución a los diputados y senadores.
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Igualmente, se permite al Ministerio de Justicia la construcción de establecimientos penitenciarios con regímenes ordinarios de reclusión y de máxima seguridad.
Los mismos podrán ser financiados con recursos provenientes del Tesoro, crédito interno o externo, recursos propios, privados y provenientes de las entidades binacionales.
Las obras podrán ser realizadas de conformidad a lo establecido en el inciso C del artículo 33 de la ley de Contrataciones Públicas o bajo la modalidad establecida en la Ley 5074/05 conocida como “llave en mano”.
Así también, se establece que no pueden utilizarse fondos de las previsionales, como el Instituto de Previsión Social, Caja Fiscal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad, la Caja de Jubilaciones Binacional Itaipú, y otras similares.
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La iniciativa ahora aprobada en Diputados fue presentada desde el Poder Ejecutivo luego de la masacre que se registró el pasado 16 de junio en la cárcel de San Pedro, que tuvo como saldo 10 reclusos fallecidos.
Ese mismo día también se registró un amotinamiento en el penal de Tacumbú. Días después, se registraron otros hechos violentos en distintas penitenciarías del país.
La propuesta sobre la emergencia en los establecimientos penitenciarios deberá ser estudiada por la Cámara de Senadores.
