19 mar. 2024

Diputados de ANR dieron gran salto en pocos años

Incluso antes de ser diputados, muchos de los miembros de las bancadas coloradas se enriquecieron cumpliendo funciones de concejales, gobernadores o intendentes.

Uno de los casos llamativos es el del diputado de Colorado Añetete Roberto González, quien actualmente se desempeña como presidente del Consejo de la Magistratura y cuya fortuna casi se duplicó al saltar de G. 2.477.000.000 en 2004 a G. 4.109.900.000 en 2008.

Durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, en 2003, asumió como ministro del Interior, pero solo permaneció en el cargo dos meses, para luego pasar a ser consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Ya en 2004, fue designado ministro de Defensa y en 2008, de Obras Públicas.

El actual diputado aprovechó sus privilegios para acrecentar sus bienes a costa de su cercanía con el poder de turno y las ventajas de ocupar cargos públicos.

En tanto que el cartista Hernán David Rivas no presentó variación en las dos declaraciones juradas que hasta ahora publicó la Contraloría General de la República (CGR), de 2013 y 2014. Su patrimonio activo en estos años fue de G. 5.065.500.000, siendo solo concejal departamental de Itapúa.

Rivas, sobrino del cuestionado diputado Tomás Rivas, declaró no contar con ningún vehículo; sin embargo, entre sus egresos mensuales hizo figurar un gasto en combustible por G. 4.000.000.

Recientemente, el legislador protagonizó un episodio cuando fue nombrado por la mayoría cartista y llanista como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pese a que Ramón Romero Roa, quien ejercía el cargo, no había concluido su mandato y fue removido sin causal. Por ese motivo, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

El también cartista Miguel Tadeo Rojas pasó de contar con un patrimonio de G. 485.000.000 en 2001, cuando asumió como intendente de Areguá, Departamento Central, a G. 2.657.089.000 en 2016, año en que siendo diputado fue nombrado por el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, como ministro del Interior en reemplazo de Francisco de Vargas.

Gracias a la función pública, Rojas quintuplicó su riqueza. En 2006, luego de entregar la intendencia, fue nombrado director de Dinatrán, cargo que ejerció hasta el 2008.

Asimismo, el diputado de Colorado Añetete Luis Adolfo Urbieta Cáceres declaró contar con un patrimonio de G. 2.193.440.000 en 2014. Fue gobernador del Departamento de Concepción en el periodo 2013 al 2018.

Otros diputados colorados con grandes patrimonios son Ramón Romero Roa, de Colorado Añetete, quien de G. 1.040.000.000 en 2008 subió a G. 6.538.773.269, según su rendición de este año. No obstante, la cifra se debe a varios inmuebles que recibió como herencia.

La declaración jurada de Romero Roa de este año no estaba incluida en la franja afectada por el fallo de la Corte; sin embargo, fue publicada igualmente a pedido del diputado, como es el caso de la legisladora del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González.

Le sigue Miguel Ángel del Puerto, de Honor Colorado, con un caudal de G. 3.416.640.000, según su declaración del 2016; Roque Sarubbi, de Honor Colorado, quien pasó de G. 1.011.658.964 en 2015 a G. 1.501.658.964 en 2017; también Juan Acosta, de Colorado Añetete, que declaró G. 1.291.850.900 en 2016; en tanto que Fernando Ortellado, de Honor Colorado, hizo constar un patrimonio de G. 750.000.000 en 2013; además, Hugo Ibarra, de Colorado Añetete, consignó G. 560.000.000 en 2015 y Ángel Paniagua, también de Colorado Añetete, quien presentó un balance de G. 140.000.000 en 2014.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.