Pobladores del asentamiento 12 de Noviembre, de J. Augusto Saldívar, donde viven unas 100 familias, presentaron una denuncia contra la diputada llanista María de las Nieves López por una estafa que involucra una propiedad que se encuentra en juicio de sucesión.
Según los afectados, viven en el lugar desde hace más de cinco años. Dicen que había llegado a un acuerdo con el intendente —esposo de la diputada—, Daniel Báez, y pagaron alrededor de G. 1.500.000 mensualmente por la propiedad e ingresaron al predio.
De acuerdo con la denuncia formulada, este año llegaron representantes de la diputada María de las Nieves López y les exigieron nuevamente el pago de G. 1.500.000, más G. 600.000 en 130 cuotas, lo que sumando en total daría un valor de G. 180 millones. De lo contrario, son amenazados con ser desalojados.
Asimismo, dieron a conocer un video donde muestran cuando la abogada Shirley Colmán los intima a pagar la suma exigida.
Por su parte, este miércoles la legisladora convocó a los medios de prensa, en compañía de Colmán, para dar una aclaración del caso.
“Es muy importante aclarar esta situación. En realidad, son vecinos míos. Hace casi tres años, ellos entraron en esa propiedad. Desde el principio yo procuré por ellos y lastimosamente me están tratando de estafadora”, mencionó López.
Sostuvo que hay documentos que pueden demostrar que no es ninguna estafadora. Sin embargo, reconoció que compró la propiedad y exige el pago a los ocupantes.
“Es cierto, hice un préstamo, justamente por ellos y hasta hoy día se pasan ellos creyendo a gente extraña que ni siquiera tiene conocimiento en qué situación está el terreno”, señaló.
Sobre la posibilidad de impulsar una expropiación a favor de la familia como solución antes que comprar la propiedad, dijo que en este momento no se podía, porque el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) “no tiene el más mínimo interés de comprar un terreno”.
Asimismo, la abogada Shirley Colmán explicó que la propiedad se encuentra en juicio por sucesión. “La dueña de la propiedad, en este momento, con título e inscripto en el Registro Público, es la señora Hermelinda Areyan. De que tiene litigio la propiedad, sí lo tiene, y que se está resolviendo”, aseguró.
Aclaró que a ella la contrataron los propietarios de la tierra y no la diputada. “La señora Hermelinda es la que posteriormente le vende la propiedad. Yo soy abogada de la señora Hermelinda y de sus herederos”, indicó.
Agregó que existía una orden para que los habitantes sean desalojados en el 2019, pero que estas familias buscaron la posibilidad de negociar con los propietarios algún acuerdo.
“La denuncia de invasión fue presentada por la nieta de la familia. Posteriormente a eso, en el 2020, yo solicité el desistimiento del caso. Se ganó este juicio de desistimiento, pero mientras se estaba llevando a cabo el juicio de sucesión”, remarcó.
Según la diputada y la abogada se abonó la suma de G. 250 millones por siete hectáreas y que quedó un saldo que se adeuda con la propietaria y ese el monto que se está solicitando a los ocupantes. La parlamentaria liberal negó que en este momento esté intentando cobrarles por el monto que prestó para la compra del terreno.
