En Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación busca incorporar como restricción de ingreso a estadios de fútbol los casos de padres que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
También considera incorporar a las personas que cuentan con antecedentes por condenas vinculadas a casos de violencia de género y abuso sexual, señaló El Perfil en una publicación.
Para la ejecución del proyecto se modificará una resolución ministerial que especifica los criterios para que una persona sea incluida en el registro del programa Tribuna Segura, en el que figuran los vinculados a la violencia en el fútbol o prófugos con pedidos de captura.
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Asimismo, se buscará generar acuerdos de adhesión con los gobiernos provinciales, para que aporten los registros de deudores.
El objetivo principal es utilizar todas las herramientas que tenga el Estado argentino para que se cumplan la responsabilidad y la obligación del pago de las cuotas alimentarias en resguardo a los derechos de los menores.
El proyecto se inspiró en un caso que ocurrió en Córdoba, cuyo fallo de la Justicia prohibía a un hombre deudor de alimentos asistir a la cancha a ver al Club Atlético Talleres y a los bailes hasta tanto regularice su situación.
El juez de familia, Gabriel Tavip, había establecido que sea incluido en la lista de personas que tienen restringido el ingreso a los encuentros futbolísticos, en Tribuna Segura.
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El programa consiste en controles donde se escanean los documentos de los asistentes con celulares, para chequear si cuentan con antecedentes o prohibición de ingreso.
El director nacional de seguridad en el fútbol y colaborador del proyecto, Guillermo Madero, dijo por su parte que también buscan incluir la violencia de género y abuso sexual, y ya lo está trabajando junto al área de Género del ministerio, a cargo de Carolina Barone, y la Organización Macfut (Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol de Argentina).
En Buenos Aires, la cantidad de inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios se duplicó en los últimos dos años, y actualmente cuenta con 1.343 hombres y 14 mujeres, según el diario Clarín.
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El registro incluye a todos aquellos que adeuden tres cuotas alimentarias consecutivas, o cinco alternadas, solo el 1% corresponde a mujeres. Cada año se suman entre 20 y 30 casos. En todos, las cifras se corresponden con los casos judicializados.
En Paraguay, por ejemplo, la prestación alimentaria es el segundo recurso judicial más solicitado, según estadísticas oficiales del 2018.
