El malestar general está aumentando, derivado de la ausencia de políticas que mitiguen los problemas que ya venían desde años atrás, mucho antes de la pandemia. Esto es peligroso para la sostenibilidad del crecimiento económico y para la gobernabilidad política.
El Gobierno y quienes tiene la conducción económica continúan nostálgicamente asumiendo una estabilidad macroeconómica heredada y considerando que la misma es el fin de la política fiscal. Esta condición ya fue superada dados los actuales indicadores de deuda, llegando a niveles difíciles de sostener sin sacrificar los escasos recursos invertidos en otras áreas necesarias para la población como la salud, la educación, el agua potable o la protección social.
Por otro lado, considerar que el equilibrio fiscal o la estabilidad macroeconómica son los objetivos centrales de la política fiscal es cuanto menos simplista e irresponsable. La política fiscal tiene como principales objetivos suavizar los ciclos económicos, fomentar el crecimiento económico y garantizar el financiamiento de los bienes y servicios que se requieren para lograr niveles al menos mínimos de bienestar.
El endeudamiento sin capacidad de pago para equilibrar el presupuesto solo llevará a problemas graves en el mediano y largo plazo. Esta estrategia es irresponsable porque se apela al camino fácil para equilibrar el presupuesto y se traslada a gestiones gubernamentales y a las generaciones futuras el cumplimiento de los compromisos contraídos y la conflictividad que pueden generar las reformas.
Llevar la deuda a niveles insostenibles exigirá reformas estructurales en un contexto de urgencia, lo cual ha conllevado históricamente respuestas que en lugar de contribuir positivamente terminan generando inestabilidad económica, social y política.
Con altos niveles de desigualdad terminan siendo beneficiados los de siempre, ya que cuentan con poder para negociar, mientras que la población profundiza sus problemas. Esta es la historia de las crisis de endeudamientos tanto en América Latina como en Europa.
El próximo gobierno deberá enfrentar fuertes pagos de la deuda sin que las gestiones que generaron esta hayan iniciado una reforma tributaria que permita hacer frente a estos compromisos. Solo en bonos soberanos tenemos una cuenta pendiente de más de USD 1.800 millones para el siguiente quinquenio.
El desenlace final serán los recortes en gastos que ya de por sí son bajos, como los de salud o de educación, y que afectan a la posibilidad de acumular capital humano necesario para el repago de los compromisos que este Gobierno ya los llevó hasta el año 2050.
Mientras, la población general empezó a sentir la caída de sus ingresos reales desde 2015, situación que se agudizó con la pandemia en 2020 cuando los ingresos reales retrocedieron 10 años. Para el año 2021, se recuperaron mínimamente, pero el aumento de la inflación en 2022 afectará y detendrá cualquier posibilidad de mejora hasta por el menos 2023.
En este contexto de deterioro de los ingresos laborales es cuando más se requieren que los servicios públicos funcionen bien. Un Estado sin capacidad fiscal para financiar estos servicios profundizará la crisis de los hogares y afectará a la posibilidad de un crecimiento sostenido.
