Un total de G. 449.705.896 del bono G8 (G. 360.000 millones) se repartieron ilegalmente en distintas direcciones de la Comuna. Entre las beneficiadas en 2022 se encuentran la Dirección de Juventud y Deportes, Policía Municipal Fiscalizadora, la Dirección de Planeamiento Estratégico, Franja Costera, Vialidad, Desarrollo Urbano y Cemupe.
La distribución operada durante la gestión de Nenecho no solo viola la Ley Orgánica Municipal, sino que también contraviene al Decreto N° 6581/22, que reglamenta la Ley N° 6873/22 del PGN 2022.
En su artículo 240, según una cita del informe final de la intervención, se establece el equivalente a 8 salarios mínimos como importe máximo asignado para caja chica por la Subunidad de Administración y Finanzas (SUAF).
Los pagos se distribuyeron entre noviembre y diciembre de 2022, según el detalle de las transferencias que se expone en el informe. El 6 de diciembre de 2022, desde la cuenta BASA 10012140/7 (que corresponde a los recursos provenientes del bono G8) se realizó una transferencia por valor de G. 30 millones a Vicente Morales, en ese entonces a cargo de la Dirección de Juventud y Deportes.
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Cabe resaltar que las transferencias realizadas desde la cuenta del bono G8, al menos en lo que se refiere a la reposición de la caja chica en 2022, se registraron entre el 14 y el 15 de diciembre. Es así que Pedro Torres, de la Dirección de Planeamiento Estratégico, recibió G. 28 millones el 14 de diciembre.
Ese mismo día, se transfirieron G. 25 millones para Maximiliano Luis Ayala (Policía Municipal Fiscalizadora). El 15 de noviembre se realizaron las siguientes transferencias: G. 30 millones para Omar Cubas Fanego (Dirección Ejecutiva de la Franja Costera); G. 30 millones para Edgardo Gómez (Vialidad).
Mientras que el 16 del mismo mes, se transfirieron G. 26 millones para Julio Rolando González Giménez, alias Bollo, ex secretario de Nenecho; G. 25 millones para Luis Amarilla (Desarrollo Urbano) y G. 27 millones para César Mafaldo Velilla (Cemupe).
Las demás transferencias por reposición de caja chica se realizaron por montos que oscilan entre los G. 6 millones y G. 20 millones, igualmente en contra de lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal.
Fotocopias, lomito y cartón de firmas fantasmas
Entre los gastos realizados por los encargados de las distintas direcciones, destacan montos elevados en compras en distintos rubros.
Pedro Torres pagó G. 1.890.000 por 42 “cajas de cartón para archivo” de la firma Central, de Marcos Goldenberg, que no se ubica en la dirección declarada en su factura, según verificaciones del equipo de la intervención.
La mayoría de las direcciones que recibieron ilegalmente el dinero del G8 realizaron compras de esta empresa.
Torres, Maximiliano Ayala y Julio González Giménez compraron de dicha firma una gran cantidad de cajas de cartón por valor de G. 36.500, G. 45.000 y G. 50.000 por unidad, cuando el precio de mercado, a la fecha actual, asciende a G. 26.000. En todos estos casos de compras de cajas de cartón se registraron pagos de casi G. 2 millones por factura.
El informe de la intervención también revela gastos por pago de fotocopias, encuadernación y toner.
Omar Cubas Fanego pagó G. 1.895.000 por 18 encuadernaciones (no se precisan detalles) y 550 fotocopias a la firma Ana Belén, de Virgilio Fernández González. Esto pese a que en la Municipalidad, según reporta el informe, se cuenta con un servicio por contrato para impresión y fotocopias.
María Agustina Román, de la Dirección de Recaudaciones, hizo por su parte compras de toner de hasta cuatro firmas distintas, entre ellas la empresa fantasma Central, a la que pagó G. 1.670.000 por dos toner Kyocera TK 2162.
Luis Amarilla, por su parte, llegó a pagar G. 1.890.000 por 15 raticidas de la Ferretería Fox, lugar que, de acuerdo con el informe de la intervención, se encuentra entre las empresas que facturaron de manera irregular.
“Se han identificado facturaciones con un lapso entre una fecha y otra del mismo proveedor de 5 días (...). Se verifica una diferencia de 20 comprobantes emitidos por la empresa entre una numeración y otra en ese lapso de tiempo; sin embargo, por el rubro que comercializa y al ser minorista, deberían tener mayor volumen de facturación”, indica el documento en el apartado del informe de la contraloría interna.
Se toman como ejemplo dos facturas de la Ferretería Fox, una con la numeración 002-001--0001387, del 27 de abril de 2023, y otra con numeración 002-001-0001399, del 4 de abril de 2023.
Entre los gastos por caja chica también se destaca el pago por resmas de papel. Julio Bollo González realizó un gasto de G. 1.900.000 por 5 cajas de resma A3, que fueron vendidas por Guairá SA, a G. 380.000 por unidad. El precio actual de una caja de resmas de la marca Report, considerada la mejor del mercado según los libreros, oscila actualmente entre G. 230.000 y G. 260.000.
Otro gasto curioso realizado por los directores corresponde a Fernando Chávez, desde la Dirección de Servicios Urbanos. Como se puede comprobar en la carpeta de los legajos de los pagos con el bono G8, Chávez se encargó de realizar compras de alimentos para el comedor obrero del Abasto, por valor de G. 13 millones.
Resalta entre las facturas un gasto de G. 873.000 por compra de 18 kilos de lomito de la firma Más Carne SA, y otro gasto de G. 1.896.000 por compra de 14 kilos de lomito, 12 kilos de lomo, 10 kilos de bola de lomo y 9 kilos de paleta.
“Considerando la naturaleza de la erogación realizada, se puede considerar que no representa una erogación razonable en la utilización de los recursos”, dice el análisis de la intervención sobre la compra de lomito.
Chávez, además, hizo compras en el Autoservicio José Adrián, comercio que tampoco fue hallado por el equipo de la intervención. En fecha 2 de diciembre de 2022, el funcionario compró de este lugar cerdo, carnaza de segunda, peceto y mondongo por G. 1.887.000; y el 9 de diciembre pagó G. 1.880.000 por carne molida, falda y carnaza blanca.
