Una nutrida comitiva de diferentes instituciones públicas acompaña la disposición final de sustancias químicas utilizadas en fabricación de drogas que se realiza mediante soporte técnico especializado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco del Programa Regional STAND (Solutions, Training & Advice for Narcotics Disposal).
El procedimiento tiene lugar en el distrito de Nueva Asunción, Departamento de Presidente Hayes, a instancias de una orden judicial emanada de un Juzgado Penal de Cordillera. En efecto, la Resolución N° 1299 –fechada el 23 de julio– ordenó la disposición final de una gran cantidad de bidones que contienen ácido sulfúrico y ácido clorhídrico que fueron incautados en una causa por tenencia sin autorización de sustancias.
Los trabajos de disposición final, coordinados con los representantes de las Naciones Unidas, iniciaron el lunes pasado con el transporte de las sustancias químicas al local asignado; el día miércoles se procedió a la destrucción ordenada por el juez Juan Silva, y concluyen este viernes 8, con una reunión taller en el Palacio de Justicia de Asunción, con expertos de la UNODC. En la ocasión, brindarán entrenamiento técnico en disposición final de drogas ilícitas, precursores y sustancias químicas.
Uso extendido
Según la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico son ampliamente utilizados en procesos ilícitos relacionados con la producción de drogas, particularmente en la extracción de alcaloides.
El Programa Regional STAND, en coordinación con el Gobierno de Paraguay, identificó inventarios de sustancias químicas incautadas y almacenadas durante varios años para su disposición final. Esta acción se enmarca en una estrategia integral liderada por el Estado paraguayo para enfrentar el creciente flujo ilícito de precursores químicos vinculados a la fabricación de estupefacientes.
La eliminación segura de sustancias incautadas es un pilar fundamental en la lucha contra el narcotráfico, ya que impide que las mismas reingresen al mercado ilícito, contribuyendo así a la protección de la salud pública, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad ambiental.
