Liz Analía Acosta
La violencia no da tregua y esto se intensificó en los últimos años en las comunidades indígenas donde niños, niñas y adolescentes están en constante exposición a casos de abuso sexual, embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual. Sus pueblos también son captados por el crimen organizado y se requiere mayor presencia del Estado.
En muchos reclamos se viene diciendo que existe ausencia del Estado, porque los indígenas no acceden a educación, a una buena alimentación y, mucho menos, a salud.
Además, están los hechos que no se denuncian, como la captación de indígenas por el narcotráfico, para explotación sexual en los sembradíos de marihuana, trasporte de drogas, y como campanas y mano de obra barata.
La directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, Dora Penayo, explicó que hay un grave problema de salud pública, ya que las madres no reciben la alimentación adecuada en los primeros meses de dar a luz, y los niños tienen un problema de desnutrición que los condena a una baja calidad de vida.
“O faltan políticas públicas de inclusión social de largo alcance, o no se ha dado con una solución real. Todas las medidas son paliativas, y los indígenas no tienen acceso a lo básico, a una educación que le permita llegar a la educación terciaria, no hay seguridad alimentaria y, sobre todo, salud”, detalló Penayo.
También mencionó el bajo presupuesto del Indi, que cuenta con pocos abogados para la defensa de las tierras indígenas.
“Los hechos cometidos por indígenas tienen su origen en la desapropiación de sus tierras, en la extrema pobreza que les empuja a la delincuencia, a la prostitución, alquiler de bebés para la mendicidad, para sobrevivir. Si en vez de invertir en kit de alimentos, se invirtiera en escuelas y universidades interculturales, otro sería el panorama”, citó.
LOS CASOS DE ABUSOS
“Ellos son los más discriminados y los más vulnerables y vulnerados”, detalló la experta, contando que los casos de abusos siguen latentes y que ya se perdió la franja de edad de las víctimas.
Hace poco, saltó el caso de un pequeño de tan solo dos años, desnutrido, que falleció por problemas de pulmones, pero cuando le revisaron el cuerpo, encontraron rastros de abuso previo y tenía enfermedades venéreas. También en una causa, una niña de entre 10 y 12 años ya tenía enfermedades de transmisión sexual.
“Creo que en casos de abuso, la franja (etaria) es mucho más grande y más oscura de lo que uno puede dimensionar”, dijo la directora. Incluso, el Paraguay está en segundo lugar en embarazos adolescentes y muchos son de comunidades indígenas.
Y está el otro problema: La prostitución. Los padres y los líderes lucran a veces con la prostitución, y “a veces ese dinero es como una de las únicas entradas de la comunidad”, lamentó.
Penayo recordó que los niños tienen un sistema de protección por encima de sus costumbres. Además, se enfocó en que todos los casos de abusos que llegan a la Justicia se investigan, procesan y condenan. “El tema son las denuncias que no están llegando”, advirtió.
VULNERABILIDAD
Existe una influencia innegable del crimen organizado dentro de las comunidades, a raíz de que de la miseria y las necesidades que ellos pasan –explicó la directora– y los miembros de asociaciones criminales dan ayuda, cubriendo incluso necesidades básicas.
Por su parte, el abogado Mariano Bareiro, técnico de la Dirección de Planificación de la Fiscalía, explicó que el hecho de tener a indígenas en el centro de Asunción y ciudades aledañas, “es consecuencia de la expulsión de sus territorios, que genera condiciones de vulnerabilidad”.
Cuando estos llegan a la ciudad “se encuentran con la realidad de no tener un lugar (para vivir) y deben ubicarse en la calle. Imaginate una persona que toda su vida se desarrolló en una zona natural y empieza a entrar en la ciudad. Generalmente, ahí vienen a deformarse de sus pautas culturales y entran en un sistema donde son discriminados”, citó.
Ahí, como efecto dominó, los indígenas entran en la ingesta del alcohol, rapiña de viviendas y en la violencia. “Evidentemente, hay que ajustar las políticas públicas del Estado para contenerlos”, dijo.
Mariano Bareiro explicó que las instituciones del Estado no deben permitir que llegue una denuncia hasta la mesa de entrada del Ministerio Público, ya sea contra indígenas víctimas o victimarios..
“Al tener una desprotección de parte del Estado, en materia de seguridad, inclusive ellos son muy vulnerables a los grupos del crimen organizado”, citó. Esto, porque muchas comunidades son penetradas por agrupaciones que alquilan las tierras de los indígenas para plantar marihuana.
