Varias figuras pueden adaptarse al hecho punible denunciado por la Contraloría General de la República sobre la deuda ilegal de Itaipú con complicidad de autoridades paraguayas; sin embargo, la mayoría ya prescribió, fue lo que advirtió la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ).
Los hechos se sucedieron principalmente entre 1984 y 1996, según reveló el informe presentado por el contralor Camilo Benítez, en tanto que la mayoría de las normas penales ya fenecieron a los cinco años, como es el caso de la lesión de confianza. “El Ministerio Público debe verificar si hay hechos que aún pueden ser investigados, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y los plazos de prescripción”, expresó.
Para la legisladora, en ese caso, al menos se debe adjudicar la responsabilidad histórica de este grave hecho que generó una deuda espuria con Brasil. “Hay que ver quiénes trancaron el análisis de esto, por lo menos que queden con la responsabilidad histórica. Ese es otro hecho punible, frustración de la persecución penal, pero también prescribe a los cinco años”, lamentó.
La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de declaración presentado por los diputados Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por el cual se remite al Ministerio Público el informe final del examen especial de la deuda de la Entidad Binacional Itaipú, realizada por la Contraloría General del Estado, y se solicita la apertura de una investigación penal para individualizar a los responsables del hecho, que consideran traición a la patria, cometido por directores e integrantes del Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración; se incluyó además como posibles responsables a los contralores, a pedido del cartista Basilio Núñez.
“Estamos debatiendo porque el Partido Colorado, la ANR, tuvo una visión en aquel momento, de desarrollo energético de nuestro país y en ese gobierno colorado se construyeron las dos binacionales”, dijo.
El abdista Colym Soroka indicó que también se debe investigar al gobierno de Fernando Lugo.
La liberal Celeste Amarilla señaló que lo cometido por Brasil es usura.
El informe de la Contraloría señala que se ocasionó el aumento indebido e ilegal del saldo de la deuda que, a diciembre de 2020, asciende a USD 3.856.790.000.
Kattya González resaltó que los hechos punibles contra la existencia del Estado están previstos en la legislación penal. “El ordenamiento jurídico nos protege de los traidores que maquinan la entrega de nuestros intereses a potencias extranjeras. Esto sin perjuicio de la sanción por el daño patrimonial”, explicó.
La diputada manifestó que es necesario tomar acciones para recuperar el perjuicio económico sufrido por Paraguay en manos de Brasil. “Se embolsaron cuatro mil millones de dólares que pertenecen al Estado paraguayo, y con esta convicción el Paraguay debe ir a negociar en el 2023. Brasil debe empezar a respetarnos como condómino y país soberano. Tenemos que recurrir a la comunidad internacional para que no nos arrodillen y no nos dobleguen”, sentenció.
Hay que ver quiénes trancaron el análisis de esto, por lo menos que queden con la responsabilidad histórica. Rocío Vallejo, diputada del PPQ.
Se deben tomar acciones de recupero del perjuicio económico sufrido por Paraguay en manos de Brasil. Kattya González, diputada del PEN.
