El esquema que supuestamente afectaba a ocupantes precarios de Asunción operaba en zonas con terrenos de alto valor inmobiliario, como Mburucuyá, Las Lomas y Molas López, entre otros. Los funcionarios municipales, valiéndose de manipulaciones de los procesos administrativos y presión sobre los ocupantes, favorecían a compradores de alto poder adquisitivo interesados en dichos espacios. Esto según revelaron a Última Hora funcionarios de distintas direcciones de la Municipalidad durante el periodo de la intervención, a cargo de Carlos Pereira.
El proceso iniciaba identificando los terrenos. Cuando se encontraba el objetivo, desde la Comuna se enviaban notificaciones en las que se otorgaba a los ocupantes un plazo de 24 horas para presentar documentos que acrediten su ocupación o los pagos realizados. Esto bajo amenaza de desalojo.
Ante la falta de recursos para regularizar su situación, los ocupantes supuestamente eran presionados a “vender” sus derechos. Por su parte, el comprador interesado, que no figuraba inicialmente en las gestiones, actuaba supuestamente a través de testaferros.
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Los funcionarios municipales, que saben que se debe seguir un proceso administrativo en las direcciones de Catastro, Área Social, Asesoría Jurídica y Junta Municipal, operaban supuestamente para “puentear” toda esta gestión administrativa, a fin de favorecer a compradores de familias adineradas.
Deliberadamente, los funcionarios evitaban que el documento pasara por el Área Social, en donde se debe verificar la situación o necesidad de los ocupantes. Así, la gestión pasaba rápidamente entre Catastro y la Asesoría Jurídica, que supuestamente emitía un dictamen favorable que se remitía directamente a la Junta para su aprobación final.
En muchos casos, los involucrados en estas operaciones se repartían parte del dinero obtenido con el esquema, lo cual configuraba supuestamente otra “recaudación paralela”, según los funcionarios que informaron sobre esta situación.
“Venta directa": Afectada buscó regularizar su situación
En la pasada sesión de la Junta Municipal, que quedó sin cuórum por la ausencia de la mayoría de los concejales, se debía tratar un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto a través del cual se autorizaba a la intendencia a realizar la “escritura traslativa de dominio” sobre un terreno ubicado en el distrito Santísima Trinidad, en el barrio Cañada del Ybyray.
Silvana Vega, quien se encontraba viviendo en el lugar desde hace más de 20 años, informó a Última Hora que fue desalojada del terreno pese a que ya había iniciado los correspondientes trámites de regularización.
Según un documento presentado a la Junta Municipal por su abogado Florencio Gómez, Vega nunca firmó la cesión de derechos del terreno en cuestión. Además, el escrito expone otras supuestas irregularidades que las autoridades municipales habrían pasado por alto para aprobar la venta del lugar.
"¿Cómo pudo llegar a esta instancia de que sin mi firma ya se otorgue? (...) Lo que a una persona normal nos cuesta 5, 10 años llegar a un arrendamiento o llegar a una titulación, una compra de terreno, ellos, en menos de un año, ya logran todo. O sea, si ahí no hay dinero de por medio, no sé qué puede haber”, cuestionó Vega en contacto con este diario.
En el escrito de su abogado, también se apunta a una retención “deliberada” y “dolosa” del expediente de Vega en la Dirección de Catastro. El abogado afirma que el expediente estuvo “bajo llave” y se le negó el acceso al documento.
Vega aseguró que solicitó acceder a su expediente y que obtuvo la misma respuesta ofrecida a su abogado.
Informó incluso que los funcionarios de Catastro le solicitaron coimas desde G. 100.000 en adelante para agilizar el trámite que ella realizaba para regularizar su situación en el terreno.
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“Si ahí no ponés dinero, así se traba. Se debe tener en cuenta que mi antecedente ya había iniciado antes. En el momento que se ve mi expediente, se ve claramente que yo todos los años fui moviendo y bueno, claramente nunca llegó a la Junta porque yo no tengo los medios económicos para hacer correr y aparte porque la burocracia es lenta cuando no tenés dinero”, explicó.
Según las fuentes a las que accedió este diario, lo acontecido con Vega supuestamente ejemplifica una estrategia realizada por los funcionarios municipales para recaudar. Estos dicen al contribuyente que su trámite no puede avanzar por falta de recursos logísticos, como falta de combustible o incluso de vehículos para realizar las verificaciones del terreno.
Actualmente, el expediente de Silvana se encuentra en la Junta Municipal. Una autoridad de esta institución advirtió sobre numerosas irregularidades en dicho documento.
“Primero, por el valor del terreno, por la superficie, por la ubicación; se menciona un barrio y corresponde a otro, es un error entre comillas, para despistar”, aseguró.
Este “despiste” buscaría empujar una “venta directa” supuestamente por un monto de entre G. 50 millones y G. 60 millones, precio considerado bajo para la zona.
Consultado sobre esta situación, el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, respondió que bajo su gestión se firmó un dictamen relacionado con este caso, aunque no mencionó nada relacionado con la supuesta falta de la firma de Vega.
“En nuestro dictamen, nosotros aconsejamos que se venda por el valor comercial”, aseguró el abogado.
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El anterior director de Asesoría Jurídica, Benito Torres, negó en su momento que la dirección a su cargo se viera envuelta en la gestión de ventas ilegales de tierras municipales.
Informó que justamente uno de los frentes que la Municipalidad busca atacar es la evasión que hay en materia de arrendamiento, uso y compra de terrenos fiscales, en donde indicó que existe una evasión de más del 80%.
Del mismo modo, negó que hubiera un esquema de colaboración entre funcionarios municipales y compradores interesados en las tierras municipales.
