La iniciativa popular para ampliación de la tarifa social juntó más de 48.000 firmas y, tras ser aprobada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), fue remitida a la Cámara de Senadores, donde permanece sin avances desde abril de 2025. El documento fue derivado a nueve comisiones, de las cuales solo trató y aprobó la de Pueblos Indígenas.
Para los colectivos que promueven las campañas “Itaipú Causa Nacional” e “Itaipú es también soberanía/PPP”, este cajoneamiento es producto del dominio cartista en el Poder Legislativo. En ese sentido denuncian que se está violando un rango constitucional que exige el pronto tratamiento de una iniciativa popular, pero que además es un alzamiento en contra del derecho constitucional a una vivienda digna, la cual debe recibir servicio de electricidad que esté al alcance de la población.
Desde el lado del Ejecutivo condenan el “entreguismo” del presidente de la República, Santiago Peña, a favor de empresas transnacionales, que consideran que no generan empleo y consumen grandes cantidades de energía con tarifas regaladas.
“Mientras tanto, Peña y el cartismo han encontrado suficiente tiempo para entregar nuestra valiosísima energía de Itaipú a precios regalados a criptomineras, bases de datos y similares que no generan casi ningún empleo”, menciona el comunicado.
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Al respecto, explican que la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) les vende energía a 44,3 USD/MWh en 220 kV, en tanto que el precio de exportación al Brasil es de 50,0 USD/MWh, según una tarifa “garantizada” de 37,4 USD/MWh y una compensación de 12,6 USD/MWh.
“Así, la tarifa a favor de criptomineras y similares ni siquiera el costo de generación cubre, y mucho menos las pérdidas y los gastos de transmisión y generales, y menos aún el obligatorio 8% de rentabilidad que establece la Carta Orgánica de ANDE, a fin de poder expandir y mejorar el servicio de electricidad, que ahora ofrece números negativos (-3,82% en 2024)”, reclaman.
Según los cálculos de los ingenieros que forman parte de la campaña, este desbalance genera un perjuicio de USD 322 millones al año, traducidos como subsidios a las criptomineras. Estos números ya fueron presentados a la Contraloría General de la República.
Recordaron los decretos 5306 y 5307/2026, así como los que le sustituyeron, los decretos 5860 y 5861/2026, derogados en junio por la presión de los gremios de la ANDE, que otorgaban tarifas fijas por 15 años a bases de datos para inteligencia artificial y para hidrógeno verde.
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Así también, cuestionaron el Memorando de Entendimiento firmado con Taiwán, por el cual pretende entregarle 1.000 MW (una unidad y media generadora de Itaipú) a una gigantesca base de datos para inteligencia artificial. En ambos casos consideran que se trata de “energía regalada”.
“En cambio, a los usuarios que no pueden pagar la tarifa eléctrica, a las (micro, pequeñas y medianas empresas) mipymes que generan empleo, a las comunidades indígenas y a los adultos mayores carenciados, Peña les ofrece elevadas tarifas impagables y la represión”, agregan en el comunicado.
El único avance que obtuvo el proyecto de ampliación de la tarifa social fue en octubre del año pasado, cuando los senadores Lucía Mendoza, de Cruzada Nacional, y Sergio Rojas, del PLRA, pertenecientes a la Comisión de Pueblos Indígenas, dictaminaron a favor.
