La derogación de los decretos N° 5306/2026 y N° 5307/2026, que regulaban las tarifas y condiciones para las denominadas “industrias convergentes”, que incluyen la inteligencia artificial (IA), la criptominería y la producción de hidrógeno verde, fue anunciada este martes durante una improvisada conferencia de prensa dirigida por el Jefe de Gabinete, Javier Giménez, de la que además participaron el titular del Ministerio de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Félix Sosa.
“Esta decisión representa una directriz para que la ANDE cumpla la compleja misión estratégica de, por un lado, equilibrar su finanza, fortalecerse, y por el otro mantener una competitividad tarifaria y condiciones necesarias para poder atraer industrias”, afirmó el jefe de Gabinete.
El eje central de la conferencia giró en torno a que este tipo de medidas forman parte de la premisa de que Paraguay debe consumir el 100% de la energía que le corresponde de las binacionales Itaipú y Yacyretá, para impulsar su desarrollo.
“El país está creciendo y la ANDE necesita acompañar ese desarrollo que tiene como objetivo dejar de exportar energía y que esta se utilice en el Paraguay. Seguimos exportando el 50% de esa energía”, agregó Giménez.
Por su parte, el titular del MIC, Marco Riquelme, detalló la magnitud de las operaciones que el país está buscando captar y la necesidad de otorgar previsibilidad. “No van a venir industrias que invierten 700, 800, 1.500, 2.000 millones de dólares sin tener visibilidad a futuro de lo que es un contrato energético, entonces lo que se intentó hacer con estos decretos es justamente darle a la ANDE una oportunidad de poder tener flexibilidad a la hora de escribir contratos que requieren este tipo de industrias más grandes”, expresó.
La conferencia se dio en un clima marcado por recientes manifestaciones de los sindicatos de la ANDE y críticas de expertos del sector energético. Sin embargo, el presidente de la estatal eléctrica, Félix Sosa, rechazó que la decisión del Ejecutivo haya sido producto de presiones o injerencia. “Quería aclarar a todos los medios presentes, a la ciudadanía en general, de que en ningún momento he recibido algún tipo de presión de ningún sector. Lo que ocurrió acá es trabajo en equipo desde el comienzo del análisis de estos decretos”, aseguró Sosa.
El titular de la ANDE explicó que el Plan Maestro a 10 o 15 años de la institución exige generar utilidades para enfrentar inversiones urgentes, como la reducción de pérdidas eléctricas y la mejora de las redes de transmisión. Reiteró que existen varios desafíos.
Acuerdo con Atome se regirá en base a una tarifa de USD 33 MVh
El presidente de la ANDE, Félix Sosa, aclaró en conferencia de prensa que se respetará el contrato firmado en 2022 con la firma Atome PLC, la cual proyecta una inversión superior a los USD 650 millones para producir insumos básicos para fertilizantes. Sosa precisó que dicho acuerdo se rige bajo la tarifa del Pliego 21 —que establece un valor de USD 33 por MWh en 200 kV— y enfatizó que la empresa no posee contratos vinculados a los decretos recientemente derogados. Sin embargo, el precio acordado genera controversia en el sector técnico. Especialistas señalan que el monto es inferior a la tarifa técnica de la ANDE, estimada en USD 40 por MWh.
Frente a estos cuestionamientos, el ministro Marco Riquelme defendió la cifra argumentando que las comparaciones deben considerar la eficiencia operativa. Riquelme explicó que, a diferencia de los consumidores residenciales, las industrias de gran envergadura como Atome se conectan directamente a líneas de alta tensión; esto reduce drásticamente las pérdidas técnicas del suministro a un rango de entre el 1,5% y el 2%, en contraste con el 28% que registra la red general de la institución.
Por su parte, el ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, se posicionó como una de las voces técnicas más críticas del acuerdo. Ferreira cuestionó que se haya otorgado una tarifa tan baja, congelada en el tiempo y con cláusulas de arbitraje internacional. Asimismo, aseguró que la empresa debería abonar alrededor de USD 45 por MWh, de forma totalmente independiente a las variaciones o reducciones que sufra la tarifa de Itaipú.
