La Cámara de Senadores volverá a tratar este miércoles el proyecto de ley que prohíbe, durante el ejercicio fiscal 2026, el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupan cargos de conducción política y superior.
La iniciativa fue aprobada con modificaciones por el Senado, pero posteriormente fue rechazada en la Cámara de Diputados por 35 votos, en su mayoría de legisladores cartistas.
La propuesta plantea suspender durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones y otros beneficios adicionales a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y de diversos organismos públicos.
El proyecto fue presentado por el senador Basilio Núñez y otros legisladores colorados. Durante su estudio en la Cámara Alta, la senadora Esperanza Martínez propuso incorporar un artículo para que los recursos ahorrados mediante la suspensión de estos pagos sean destinados al Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de contribuir al pago de las deudas del sector. La modificación fue aprobada.
Durante el tratamiento en Diputados, el líder de la bancada de la ANR, Miguel del Puerto, argumentó que el Poder Ejecutivo ya implementó medidas de racionalización del gasto público mediante un decreto vigente, que contempla restricciones y recortes en distintos rubros, incluida la suspensión de nuevos procesos de contratación pública.
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Asimismo, advirtió que la aprobación de la propuesta legislativa podría generar efectos negativos en algunas instituciones públicas, especialmente en el ámbito educativo.
Finalmente, el proyecto fue defendido por los legisladores de la oposición y rechazado por los oficialistas, por lo que volverá a ser analizado por el Senado.
Abigeato y protección de infraestructura crítica
Otro de los proyectos que será abordados es el que modifica y amplía el artículo 163 del Código Penal, relativo al abigeato. La iniciativa busca fortalecer la lucha contra el robo de ganado y brindar mayor protección a los pequeños productores ganaderos.
El proyecto establece una pena de dos a diez años de prisión para quienes hurten una o más cabezas de ganado, menor o mayor. La sanción se elevará de tres a quince años cuando se configuren determinadas circunstancias agravantes.
Entre estas se encuentran la comisión del hecho con fines comerciales, la participación de bandas dedicadas al abigeato, la generación de una situación de indigencia para la víctima, el hurto de ganado de gran utilidad o valor, el aprovechamiento de situaciones de calamidad o peligro común y la participación de funcionarios públicos mediante el abuso de sus funciones.
La propuesta ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y será tratada por los senadores.
Asimismo, figura en el orden del día el proyecto de ley de protección de infraestructura crítica, presentado por el senador José Oviedo.
La iniciativa tiene como objetivo proteger y garantizar el funcionamiento continuo de las infraestructuras consideradas críticas, mediante la identificación de riesgos, la gestión coordinada y la implementación de medidas preventivas.
Entre sus principales objetivos se encuentran identificar las infraestructuras críticas y sus vulnerabilidades, promover medidas de seguridad física y cibernética basadas en estándares internacionales, establecer mecanismos de cooperación entre los sectores público y privado y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante eventuales incidentes, a fin de minimizar sus consecuencias.
