Un trabajo de mapeo de puntos de expendio irregular de combustibles, realizado por integrantes del sector privado, expone cómo el negocio ilegal goza de buena salud en distintos puntos del país.
La denuncia señala que estos puntos de venta de carburantes operan impunemente ofreciendo combustibles “robados, de baja calidad o ingresados de contrabando”, perjudicando directamente a las empresas que trabajan de forma regular en el rubro.
La investigación realizada por el sector privado documenta y geolocaliza a más de una docena de puntos de venta de combustibles que operan al margen de la ley. En algunos casos, estos puntos operan como estaciones de servicio con emblema, mientras que en otros casos se trata de expendedoras instaladas en la vereda.
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Los puntos están ubicados en localidades de los departamentos de Ñeembucú, Caazapá, San Pedro y Concepción.
Según la denuncia, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), el Ministerio Público y la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC), no toman las acciones pertinentes para impedir que estos puntos de venta sigan operando de forma irregular.
MIC asegura que se están tomando acciones
El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, aseguró que algunos de los puntos de venta irregulares citados en la denuncia “ya fueron resueltos” con la colaboración del sector privado que hizo llegar las denuncias. Asimismo, aclaró que solicitó un informe a la Dirección General de Combustibles.
Mancuello explicó que en muchos de estos casos se encuentran con la imposibilidad de clausurar un punto de venta, ya que estos “nunca se habilitaron”. “Sucede en el caso de los vendedores informales que están en la calle”, explicó.
“Nosotros tenemos competencia y facultad con los comercios legalmente constituidos. Pero al ser informal, ya sea en la vereda o en la calle, debe ser canalizado por otras instituciones como la UIC, la Fiscalía y la Policía Nacional, para el uso de la fuerza pública”, sostuvo Mancuello.
Pedro Mancuello recordó que en el derecho administrativo, el MIC no tiene “mandato legal, ni la fuerza pública para incautar, apresar, procesar y condenar a los que actúan al margen de la ley”.
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Por otro lado, el viceministro aseguró que todas las denuncias que reciben son elevadas a la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC) y al Ministerio Público.
“La UIC tiene solo 5 funcionarios y van priorizando sus intervenciones. Además de suministrarles información, nos avisan y solicitan acompañamiento cuando se requiera nuestro laboratorio móvil, por ejemplo”, justificó.
Pedro Mancuello reconoció que para las empresas privadas es “difícil de entender” a los organismos de control cuando las mismas son fiscalizadas de forma permanente, mientras que en sus narices hay otras que operan en la informalidad.
