En ese escenario convergen visiones como el transhumanismo, el posthumanismo y otras corrientes, que ejercen una influencia significativa en parte del ecosistema tecnológico de Silicon Valley. El debate de fondo ya no es únicamente cuántos puestos de trabajo desaparecerán, sino quién controlará la inteligencia, la infraestructura computacional y la riqueza que esta genera. El riesgo no es solamente el desempleo: es la posibilidad de que una concentración sin precedentes del poder económico y tecnológico profundice la desigualdad hasta fracturar las bases mismas de la convivencia democrática.
Tres voces muy distintas llegan al mismo diagnóstico. JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, advierte que la IA repetirá lo peor de la Revolución Industrial: las personas ricas se volverán mucho más ricas, una polarización que en su momento alimentó al fascismo y al comunismo en Europa. El manifiesto nacional-populista Humans First, de Steve Bannon, denuncia a las élites de Silicon Valley que destruyen a la clase trabajadora para maximizar ganancias. Y la encíclica Magnifica Humanitas advierte que, librado a la mano invisible del mercado, el progreso técnico crea de forma automática un mundo donde pocos tienen demasiado y demasiados tienen muy poco.
Vance va más allá y llama a la IA una tecnología fundamentalmente comunista, porque entrega a empresas y gobiernos un poder inédito para vigilar y puntuar a los ciudadanos. Su salida no es repartir impuestos después, sino la pre distribución: dar al trabajador un asiento en la mesa antes de que se genere la riqueza, con sindicatos fuertes e incluso con el Estado tomando participación en las empresas del rubro. En el contexto del actual debate en Estados Unidos sobre la nacionalización de las empresas de IA.
Para entender qué significa todo esto en Paraguay no hace falta imaginar el futuro. Basta mirar un modelo que ya llevamos décadas aplicando: la maquila.
La maquila es, en los hechos, la misma lógica que estas posturas describen, funcionando entre nosotros desde hace veinticinco años. Una casa matriz extranjera envía insumos, una planta local los ensambla y el producto se exporta. A cambio, el Estado cobra un tributo único del 1% sobre el valor agregado en el país y exonera casi todo lo demás. El negocio se sostiene sobre una sola ventaja competitiva: mano de obra barata. Es un modelo de enclave: las exportaciones suben, pero se integran poco con el resto de la economía y la mayor parte del valor vuelve a la casa matriz, afuera.
El resultado es justamente la brecha que el artículo describe. De un lado, el inversionista extranjero, que multiplica ganancias pagando apenas 1% de impuesto. Del otro, el trabajador, atado a salarios bajos, jornadas largas y una representación sindical históricamente débil. Aunque algunos sueldos del sector superen el mínimo, la distancia entre lo que captura el capital y lo que queda en el país no deja de crecer. Esa distancia es la desigualdad.
La inteligencia artificial amenaza con ser la maquila digital, una versión perfeccionada de la misma fórmula. Donde antes se importaban telas y se exportaban prendas, ahora se importan algoritmos y se exportan nuestros datos. Magnifica Humanitas lo llama colonialismo de datos: entregamos gratis nuestra información para entrenar sistemas extranjeros, esas empresas valen miles de millones, y la riqueza no vuelve. Es el mismo enclave de siempre, pero digital. Y no es teoría: el Estado ya extendió el régimen a la maquila de servicios, abriendo la puerta para que esta lógica se traslade tal cual al mundo del software y los datos. Es el proyecto Yguazú Digital, donde brilla el colonialismo de datos y el extractivismo energético.
La lección es clara: la tecnología no es neutral, nunca lo fue, y el modelo con el que la recibimos define quién gana. Si Paraguay adopta la IA con la misma ingenuidad con que abrazó la maquila, y la misma displicencia con la que adopto la conectividad a internet, repetirá el resultado: ganancias para pocos, salarios estancados para muchos y un Estado que cobra migajas por regalar su mayor ventaja.
Si en el siglo XX exportamos electricidad barata sin transformar suficientemente su valor agregado con la industria tradicional, ahora corremos el riesgo de repetir el patrón en la era de la inteligencia artificial, exportar energía, datos y capacidad de cómputo mientras otros capturan la mayor parte de la riqueza generada.
Hay otro camino, el que proponen tanto Vance como la Doctrina Social de la Iglesia: pre distribución en lugar de limosna. Eso exige cobrar por lo que valen nuestros recursos y nuestros datos, proteger al trabajador con normas serias, fortalecer a los sindicatos y exigir que el Estado tenga un asiento real en la mesa.
La alternativa no es rechazar la inteligencia artificial, sino participar en su cadena de valor. Formar talento, desarrollar capacidades locales, capacidades nacionales de cómputo, proteger los datos y asegurar que una parte significativa de la riqueza generada permanezca en el país.
Gobernar el algoritmo es, hoy, la única forma de gobernar de verdad el país. Lo contrario es convertir a toda la nación en una gran maquila, esta vez sin galpones, pero con una nueva brecha sin precedentes.
Si la diplomacia de “valor agregado” con Taiwán impulsada durante este gobierno no trasciende la instalación de un centro de datos en Yguazú y no se orienta a construir, en las próximas décadas, un verdadero clúster tecnológico con capacidades nacionales, estaremos desperdiciando una oportunidad histórica. El desafío no consiste únicamente en atraer inversiones, sino en romper con la lógica del extractivismo digital y del colonialismo de los datos, formando talento local, desarrollando investigación propia y fortaleciendo empresas capaces de participar en la economía del conocimiento.
De lo contrario, esta discusión seguirá siendo patrimonio del mundo desarrollado, mientras Paraguay profundiza una brecha tecnológica que lo condenará a desempeñar un papel periférico en la nueva economía digital. Las advertencias formuladas desde distintas perspectivas por figuras como J. D. Vance, Steve Bannon y el papa León XIV, aunque responden a visiones ideológicas diferentes, coinciden en señalar que la revolución tecnológica transformará profundamente las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad. Ignorar ese debate no impedirá que sus consecuencias lleguen al país; únicamente nos privará de la posibilidad de influir sobre ellas.
Como he sostenido en artículos anteriores, Paraguay necesita abrir un nuevo pacto social que incorpore de manera explícita la inteligencia artificial, la soberanía tecnológica y la gobernanza de los datos como asuntos estratégicos de Estado. No podemos permitir que decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras definan el futuro de nuestra economía, de nuestras instituciones y de nuestros ciudadanos. Ese futuro solo puede construirse a partir de decisiones soberanas, sustentadas en una visión nacional de largo plazo.
Solo así podremos desarrollar un ecosistema digital compatible con nuestra cultura, nuestras prioridades y nuestros intereses, protegiendo tanto los recursos físicos como los activos digitales que serán la principal fuente de riqueza del siglo XXI. La dirigencia política debe comprender que ha comenzado una nueva época. El Poder Ejecutivo, en particular, debería evaluar cada iniciativa tecnológica desde una perspectiva estratégica y no únicamente financiera, alejándose de los proyectos transhumanistas y posthumanistas. No toda inversión representa un beneficio para el país si implica ceder capacidades críticas, dependencia tecnológica o soberanía sobre los datos. La cuestión ya no es cuánto capital ingresa, sino qué tipo de nación estamos contribuyendo a construir con cada decisión.
