El abogado José González Macchi dijo a EFE que la renuncia de Juan Ángel Napout, encarcelado en Miami (Estados Unidos) por corrupción en el caso del FIFAGate, a recurrir a su condena deja abierta la vía de un cumplimiento de pena en Paraguay.
Ello se daría con base en el Tratado Interamericano del Traslado de Condenados, que según Macchi, ya fue aplicado en casos en Brasil y México. Se trata de un proceso que duraría unos seis meses y que ya ha sido activado por la defensa.
En consecuencia, Macchi reiteró que lo urgente radica en que la jueza se pronuncie sobre la petición de arresto domiciliario en Estados Unidos o el internamiento en una clínica privada por el tiempo para ser tratado del coronavirus.
En ese sentido, González Macchi señaló que el ex jerarca del fútbol sudamericano no ha recibido tratamiento médico desde que el domingo se le detectara el Covid-19.
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Informó además que Napout fue trasladado este lunes a una celda en un recinto con presos con coronavirus y sin derecho a recibir visitas.
Napout, de 62 años, fue condenado en 2018 a 9 años de prisión en Estados Unidos por corrupción, mientras que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) José María Marín, a 4 años. Sin embargo, Marín, de 87 años, fue liberado de forma anticipada este año a raíz de la pandemia del coronavirus, dada su avanzada edad y tras haber cumplido ya la mayor parte de su castigo.
Ambos fueron detenidos en el marco de la operación contra la corrupción en el mundo del fútbol iniciada en 2015 y conocida como el FIFAgate, que salpicó a decenas de dirigentes, en su mayoría latinoamericanos.
Napout fue declarado culpable y condenado por conspirar para cometer crimen organizado y por fraude electrónico.
Ello después de que la Justicia estadounidense le acusase de haberse embolsado al menos USD 3,3 millones en sobornos pagados por empresas para hacerse con emisiones de torneos internacionales, que le habrían prometido pagos por un valor total de casi USD 25 millones.
Marín, que al igual que Napout se declaró no culpable y evitó pactar con la Fiscalía como sí hicieron otros involucrados, recibió una sentencia de cuatro años de cárcel e importantes sanciones económicas por seis cargos de conspiración para cometer crimen organizado y blanqueo de dinero, así como de fraude electrónico.
