Los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete, nuevos defensores de Gianina García Troche, recluida por el caso A Ultranza PY, solicitaron a la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, realizar una evaluación médica integral a la encausada y que se adopten medidas de protección de su salud.
Además, pidieron ampliar de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00, las entrevistas con los abogados defensores, ya que el horario en el que pueden visitarla en la prisión Militar de Viñas Cue les es imposible por las audiencias y casos que tienen en Tribunales.
Respecto a las condiciones de detención y perspectiva de género, según señalan, en los 51 días que la mujer está con prisión preventiva, ella perdió 14 kilos, además de tener un deterioro físico grave, lo que fue constatado por el personal médico del establecimiento.
Añaden que existe un “sesgo de género y ensañamiento” en su contra, debido a que “la imputada está siendo tratada con un rigor excesivo únicamente por su condición de mujer y por ser esposa de un investigado de alto perfil”.
Remarcan que “no se han considerado los estándares de atención y cuidado específicos para mujeres privadas de libertad, conforme a las Reglas de Bangkok de la ONU ni a la Ley 5777/2016 de Protección Integral a la Mujer”.
Igualmente, los defensores hablan de que la utilizan como “carnada mediática”, debido a la duración de la detención, la severidad de las restricciones (visitas, comunicaciones, llamadas), y las condiciones de detención al interior del penal, “parecen responder a un objetivo de presión mediática”, usando a García Troche como “carnada” para “mostrar mano dura contra el crimen organizado”.
Finalmente, explican que “estas circunstancias configuran, además de trato inhumano o degradante (Convención Contra la Tortura), una vulneración del principio de debida perspectiva de género exigido por la Constitución , la Convención de Belém do Pará y la Recomendación 33 del Comité CEDAW”.
Piden que se ordene una evaluación médica integral y se adopten medidas de protección de la salud. Además, que se reconozca la perspectiva de género, removiendo cualquier medida carcelaria que suponga un trato agrado por su condición de mujer.
Más tiempo para abogados
Por otro lado, los abogados de Gianina García Troche refieren que con la prisión preventiva, la jueza dispuso las visitas de lunes a viernes, de 9:30 a 11:30.
Luis Samaniego y Daniel Garcete denunciaron que el último miércoles, fueron a visitar a la procesada a las 14:30 en el penal de Mujeres de Viñas Cue, pero les señalaron que por “orden superior”, solo los días lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00, con duración máxima de 20 minutos se permiten visitas.
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Refieren los abogados que ambas restricciones, la judicial de 9:30 a 11:30 y la penitenciaria de días limitados y 20 minutos, son incompatibles entre sí ya que es imposible llegar antes de la hora establecida por el Juzgado y presentan horario de difícil cumplimiento para los abogados, que desempeñan funciones externas en horas de oficina.
Aseguran que las limitaciones “no están motivadas” en riesgo concreto de fuga, obstrucción o seguridad, y contravienen el derecho de la imputada a “entrevistarse con su defensor en condiciones que garanticen libertad y confidencialidad”.
Citan el derecho constitucional y procesal, además de que sostienen que “las únicas restricciones válidas a las comunicaciones con el abogado “deben estar fundadas en circunstancias objetivas”.
También remarcan que “la defensa técnica no funciona si sólo puede ver a la imputada dos horas diarias, en un horario en que muchas diligencias (recolección de documentación, testimonios, revisión de pericias) se realizan fuera de ese lapso. Eso obstaculiza el derecho a preparar alegatos, acceder a expedientes y coordinar estrategia, y convierte la visita en un mero trámite”.
Ahora, la magistrada de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien tiene a su cargo el proceso, deberá resolver la cuestión.
Ya respecto a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, la defensa había denunciado cuestiones similares respecto a las visitas a su defendido. Incluso, pidieron posponer el juicio oral debido a que no pudieron preparar la defensa por la falta de acceso a su defendido, recluido en el Penal de Máxima Seguridad de Minga Guazú.
