El caso se hizo viral a raíz de las imágenes en las que se ve a la mujer maltratando al anciano que estaba bajo su cuidado. Con la denuncia, intervino el representante del Ministerio Público, que finalmente la imputó por el citado hecho punible.
En la audiencia de imposición de medidas cautelares, la abogada Irene Cuenca, defensora de la procesada, solicitó la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión, teniendo en cuenta que ella estaba de vacaciones y cuando se enteró de la causa, se presentó a trabajar y ahí estaba la policía.
Además, citó su situación familiar, a más de que presentó también documentaciones respecto a su arraigo, de modo a que pudiera ser beneficiada con las medidas alternativas a la prisión.
Según la imputación fiscal, entre los meses de setiembre de 2024 y abril de 2025, Angélica García Barrios, quien prestaba servicios en el Hogar Santa Cecilia, ubicado en la calle Herrera entre Tacuarí y EEUU, de la capital, habría agredido físicamente a uno de los residentes del hogar.
El fiscal señala que la víctima de los hechos fue Catalino Irala (83), quien se encontraba bajo su cuidado y, cuya responsabilidad era su aseo, preparación de alimentos y administrar medicamentos, entre otras labores.
Remarca que “las agresiones se habrían producido en reiteradas ocasiones y por un largo tiempo, conforme con las imágenes obtenidas del circuito cerrado del lugar”.
Cita que ocurrieron los días 28 de setiembre del 2024, el 30 de octubre del 2024, el 5 de noviembre del 2024 y el 21 de abril de este año, conforme con las filmaciones.
La denuncia fue formulada por los representantes del Hogar de Ancianos Santa Cecilia SA, sobre la supuesta comisión del hecho punible en contra de Angélica García Barrios, quien se desempeña como cuidadora de residentes.
La víctima sufrió maltratos físicos y sicológicos, quien es un paciente en cama, quien ya no se valdría por si solo y necesita de la ayuda de una persona especializada, siendo la imputada una de ellas.
El fiscal solicitó la prisión preventiva a raíz de los hechos investigados.
Ya al analizar el caso, el juez Miguel Palacios entendió que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y que, atendiendo a las circunstancias personales de la imputada, entiende que corresponde el arresto domiciliario, con una fianza personal de Cristóbal da Rosa por la suma de G. 50 millones.
Además, tiene prohibición de salida del país y de comunicarse por cualquier medio con la víctima; caso contrario, se revocarán las medidas.
