Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Alba Zaracho Segovia, defensores del ex banquero José Peirano, extraditado recientemente a nuestro país, presentaron un recurso de apelación general contra la resolución de la jueza penal de Garantías 1 Clara Ruíz Díaz, por el cual resolvió ordenar la prisión preventiva del ex banquero. Alegan que de esta forma “se violó las normas constitucionales, tratados internacionales y normas procesales que regulan la materia”.
En el texto refieren que el Juzgado dispuso la prisión preventiva sobre la base de circunstancias fácticas y jurídicas que no se pueden aplicar al caso de referencia y sobre una “interpretación equivocada de las mismas”. Alegan que existían suficientes recaudos para la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, pero el Juzgado decidió imponer la medida sobre bases que tergiversan el espíritu de los artículos 242, 243 y 244 del Código Procesal Penal, que deben siempre ser analizados bajo la luz del artículo 19 de la Constitución Nacional.
Aclaran que la resolución causa un daño a José Peirano, porque lo procesa por hechos por los cuales no fue extraditado y le deniega el derecho constitucional a la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, en violación al artículo 19 de la Constitución Nacional y concordantes con el CPP. Con eso, se omite que el mismo compurgó tiempo suficiente y equivalente (y superior) a la pena mínima prevista en Paraguay para el hecho por el cual está procesado, en razón de medidas cautelares impuestas en la República Oriental del Uruguay dentro del expediente de extradición al Paraguay, entre otras razones.
Además, el texto menciona que la extradición se otorgó para el juzgamiento de Peirano solo por el hecho punible de lesión de confianza. Inicialmente, la sentencia 20 de fecha 6 de febrero del 2008, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal del 2º Turno de Montevideo, Uruguay, concedió la extradición por los hechos de lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis, excluyendo la promoción fraudulenta de inversiones.
Posteriormente, se excluyó de la extradición el hecho punible de conducta indebida en situaciones de crisis en una resolución de segunda instancia individualizada como sentencia definitiva 43 del 27 de febrero del 2009, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal del Tercer Turno, también de Montevideo, Uruguay.
El pedido, remitido por la Justicia paraguaya, incluye los tres hechos punibles, pero al examinarse la petición, el Estado requerido consideró inviable que la extradición por conducta indebida en situaciones de crisis y producción fraudulenta de inversiones.
Más detalles
Su llegada al país hizo que cientos de familias revivan los momentos de una verdadera tragedia, debido a que el caso hizo que muchos perdieran los ahorros de toda su vida y nunca pudieran reponerse.
El escándalo estalló en Paraguay a mediados de 2002. Se estima que fueron 3.000 las personas afectadas tras el vaciamiento de la entidad bancaria y se calcula que la pérdida total asciende a alrededor de USD 40 millones.
Después de 21 años de estar prófugo, finalmente José Peirano será sometido a la Justicia por las presuntas maniobras fraudulentas que ejecutó contra los miles de ahorristas.
