El pedido fue presentado por los abogados Luis Samaniego Correa y Daniel Garcete, que recurrieron la resolución dictada el pasado viernes por la jueza Montanía, que rechazó la nulidad absoluta de actuaciones por violación de garantías constitucionales, la extinción de la acción penal, y la violación de los plazos y el debido proceso.
En el caso, García Troche fue imputada el 23 de febrero del 2022, por lo que la jueza le fijó hasta el 23 de agosto de ese año, la fecha para su acusación. Al día siguiente, le declararon rebelde.
Después, el 21 de mayo del 2025, con la extradición de García Troche, le dieron la prisión y la jueza fijó para el 20 de noviembre de este año, la fecha de acusación.
Según la defensa, la Fiscalía no acusó en la primera fecha del 2022 ni presentó un pedido de prórroga. Además, dice que solo el Tribunal de Apelación puede darle un plazo extraordinario, pero en este caso, fue la jueza la que fijó un nuevo plazo en forma ilegal.
Alega que, según la jueza, no se puede acusar sin que se le citara a indagatoria, por lo que no podía presentarse el requerimiento conclusivo. La defensa apunta que la indagatoria es un derecho del imputado y no puede ser usado en su contra para alargarse de manera irregular el caso.
Con ello, dicen que la causa ya se extinguió porque pasó el primer plazo fijado por el Juzgado para la fiscalía. Afirma que la jueza debía haber enviado el caso al fiscal General, por falta de acusación.
Solicita al Tribunal de Apelación revocar el fallo de la jueza, y en consecuencia, anular todas la actuaciones, remitir el caso al fiscal general o, en su caso, extinguir la causa y sobreseer a la procesada.
