Ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú se realizó la importante diligencia, luego de varias postergaciones.
El fiscal Silvio Corbeta se ratificó en su acusación contra los procesados por supuestos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, entre ellos, contra el ex jefe comunal.
Sostuvo que en el caso conocido como Tajy, el presunto perjuicio patrimonial es de G. 306.188.500 a la Comuna en compras de víveres durante la pandemia en 2020.
Además, solicitó el sobreseimiento definitivo de Richard Emanuel Ayala, y el sobreseimiento provisional del procesado Sabino Peralta Martínez.
Después, el abogado Derlis Martínez, por la defensa de Prieto y otros encausados, planteó el incidente de cambio de calificación. Argumentó que se debía excluir el cargo de administración en provecho propio, porque se excluye mutuamente con el cargo de lesión de confianza.
Alegó que no se dan los elementos de la administración en provecho propio, ya que no existe ningún vínculo de parentesco entre Prieto y los demás coprocesados, dueños de la firma Tajy Servicios Generales, y la firma Vanelly, que era la subproveedora.
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Refirió que la calificación fue puesta por la Fiscalía únicamente para que sea competencia del Juzgado Especializado en Delitos Económicos, cuando que por la cuantía del supuesto perjuicio corresponde a un juzgado ordinario, y por el territorio, debe ser juzgado en Ciudad del Este.
También planteó la excepción de incompetencia material y territorial, de forma condicionada a que se admita el primer incidente, con lo que requiere que el caso sea derivado al Alto Paraná.
Solicitó también el sobreseimiento provisional sobre los cargos de administración en provecho propio y lesión de confianza.
Señala que la Fiscalía no hizo una investigación de campo, nunca allanó la firma proveedora para saber si tenía o no la capacidad para proveer alimentos.
Cuestionó la investigación fiscal por considerarla incompleta. Remarcó que no se verificó el funcionamiento de la planta procesadora de alimentos, la producción y distribución de panificados ni el destino de los insumos adquiridos durante la pandemia.
Además, citó inconsistencias en las facturas y pericias contables utilizadas para sostener el supuesto perjuicio patrimonial, por lo que pidió que la acusación no sea admitida en los términos presentados por el Ministerio Público.
Asimismo, requirió el sobreseimiento definitivo por el cargo de asociación criminal, conforme sostuvo la defensa.
Desgaste
En uno de los cuartos intermedios, el ex intendente Miguel Prieto señaló que su defensor demostró que el caso debía ser juzgado en Ciudad del Este, y que los traen a Asunción para desgartarlos psicológicamente. “Es para cansarnos económica, anímica y moralmente, traernos a la capital”.
Aseguró que era una denuncia de Celso Miranda, conocido como Kelembú, que indicó que no tenía mucha consistencia y que ni siquiera hicieron una investigación como correspondía. Ni siquiera habían allanado la firma proveedora de alimentos.
Además, apuntó que su abogado demostró la ineptitud de la Fiscalía al no allanar la planta de alimentos. Dijo que estuvo personalmente repartiendo los víveres durante la pandemia.
