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Declaran emergencia por falta de almuerzo escolar en ex Puente Kyjhá

La Junta Municipal de Francisco Caballero Álvarez, ex Puente Kyjhá, Canindeyú, declaró en emergencia en el distrito por la no provisión del almuerzo escolar en las escuelas.

El problema se dio por la falta de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para realizar el llamado a licitación correspondiente para la provisión del almuerzo escolar. Francisco Caballero Álvarez no percibe este rubro por parte del Ministerio de Hacienda desde el 2018 debido a que las rendiciones de cuentas no tuvieron consistencias documentales en las ejecuciones de dicho rubro.

La Contraloría General de la República hasta hoy día no certificó la rendición de cuentas del Municipio.

En tal sentido, desde el año pasado las escuelas, en total nueve, no cuentan con almuerzo escolar, situación que afecta a unos 700 escolares de toda la ciudad.

La Junta Municipal trató el tema en sesión ordinaria este miércoles y a la par de la declaración de emergencia, también declaró de interés distrital las gestiones ante los organismos del Estado para lograr sortear este drama que priva del beneficio esencial a centenares de niños y niñas.

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Actualmente la Comuna está en pleno proceso de intervención por denuncias de malos manejos administrativos del ex intendente Ariel Araújo, preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú desde hace seis meses.

Los ediles, por decisión unánime, acompañaron el pedido planteado por la concejala colorada abogada Lucía Zayas, quien argumentó que los niños no tienen por qué estar pagando una situación en la cual no tienen arte ni parte. “Se están transgrediendo derechos universales de los escolares del distrito”, aseveró.

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Se da vía libre al interventor, abogado Amancio Rivas, a gestionar ante los organismos que correspondan la posibilidad de desbloquear los desembolsos al menos en el rubro de Fonacide, y así permitir hacer los llamados correspondientes.

Una nota también será dirigida a la Gobernación de Canindeyú, con el fin de poder dar prioridad en la provisión de almuerzo a algunas instituciones educativas. Ahora pasa a manos del interventor para su aprobación o rechazo.

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