La caída de Santiago Peña demuestra que la preparación académica no garantiza una gestión responsable. El escándalo de ueno bank expuso las deficiencias del control financiero, precipitó una crisis institucional y confirmó la capacidad de la ciudadanía para exigir responsabilidades sin recurrir a la violencia generalizada. Santiago Peña Palacios llegó a la Presidencia de la República precedido de credenciales académicas difíciles de cuestionar: Economista, máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y antiguo miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay. Sin embargo, semejante preparación contrastó con un estilo de conducción política caracterizado por la verticalidad, la concentración de decisiones y una actitud que sus críticos consideran autoritaria frente a los cuestionamientos. Surge entonces, un inevitable paralelismo con Hernán Rivas, condenado en primera instancia por utilizar un título falso de abogado para acceder a funciones de extraordinaria responsabilidad institucional. Mientras Rivas ejerció autoridad amparándose en una formación académica que, según la sentencia, nunca tuvo, Peña disponía de conocimientos suficientes para comprender la trascendencia de las decisiones financieras y sus consecuencias. La diferencia entre ambos resulta reveladora: Uno carecía de la preparación que invocaba; el otro poseía una formación que elevaba las exigencias de diligencia y responsabilidad en el ejercicio del poder. En ambos casos, aunque bajo responsabilidades jurídicas diferentes, queda una misma lección: Ningún título, verdadero o falso, puede sustituir la integridad, la prudencia y el respeto a las instituciones.
El escándalo de ueno bank, que culminó con la destitución de Santiago Peña mediante juicio político el pasado 6 de noviembre, constituye uno de los episodios más graves de la historia institucional reciente del Paraguay. Lo ocurrido trasciende ampliamente la caída de una entidad bancaria: Puso al descubierto preocupantes conexiones entre el poder político y los intereses empresariales, deficiencias en los mecanismos de fiscalización y una alarmante vulnerabilidad de los recursos confiados al sistema financiero.
La crisis dejó a millones de clientes afectados por las restricciones de acceso a sus depósitos, además de comprometer importantes fondos públicos. Las investigaciones sobre presuntas operaciones irregulares, préstamos a empresas vinculadas y eventuales beneficios derivados de relaciones políticas plantean interrogantes que exigen respuestas judiciales y administrativas. En ese contexto, resulta imposible ignorar los anteriores vínculos empresariales del ex presidente Peña con el grupo propietario de la entidad, aunque la determinación de cualquier responsabilidad penal deberá respetar las garantías del debido proceso.
Sin embargo, uno de los aspectos más inquietantes del caso es la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP).
La institución encargada de preservar la estabilidad del sistema financiero y supervisar las entidades bancarias enfrenta cuestionamientos particularmente graves. Un informe técnico de julio de 2026 ya advertía sobre operaciones crediticias irregulares y excesos en los límites aplicables a empresas vinculadas. ¿Por qué esas advertencias no se tradujeron oportunamente en medidas capaces de impedir semejante desenlace? ¿Qué controles se aplicaron y quiénes decidieron postergar o desatender las recomendaciones técnicas?
La situación adquiere mayor gravedad al considerar que Carlos Carvallo, quien presidía el BCP durante el desarrollo de la crisis, había ocupado anteriormente funciones directivas en la propia entidad financiera. Esta circunstancia vuelve indispensable investigar posibles conflictos de intereses y determinar si la independencia del organismo regulador quedó comprometida. La función del Banco Central no consiste únicamente en intervenir cuando una entidad colapsa, sino fundamentalmente en prevenir que ese colapso ocurra. La supervisión tardía puede terminar siendo tan perjudicial como la ausencia de supervisión.
En el plano político, el juicio que derivó en la destitución de Santiago Peña representó una respuesta institucional de extraordinaria trascendencia. Su intento de renunciar no impidió que el Congreso prosiguiera el procedimiento constitucional y resolviera su separación del cargo por mal desempeño de funciones. No obstante, sería un error interpretar esa decisión como el cierre de la crisis. La responsabilidad política del ex presidente no agota las eventuales responsabilidades de funcionarios, directivos y particulares que pudieron intervenir en las irregularidades investigadas.
Mención especial merece la actuación de la sociedad civil.
Ahorristas, jubilados, comerciantes, trabajadores y ciudadanos autoconvocados se movilizaron para exigir explicaciones, recuperar sus recursos y reclamar responsabilidades. Su presencia sostenida en las calles constituyó un factor de presión política imposible de ignorar. Si bien se registraron incidentes aislados, incluidos enfrentamientos y daños a una sucursal bancaria, las manifestaciones no derivaron en una ola generalizada de saqueos ni en una destrucción extendida del espacio público.
La comparación con las protestas desarrolladas la semana anterior en Francia resulta ilustrativa. Allí, las movilizaciones mayoritariamente pacíficas también estuvieron acompañadas, en distintas ciudades, por enfrentamientos violentos, incendios, daños materiales y centenares de detenciones. En Paraguay, pese a los episodios puntuales registrados, el peso de la protesta estuvo fundamentalmente en la persistencia de los reclamos ciudadanos y en su capacidad para influir sobre las decisiones institucionales.
La experiencia deja una enseñanza fundamental: la fuerza de la ciudadanía no se mide por los destrozos que provoca, sino por su capacidad de exigir rendición de cuentas y obtener respuestas dentro del orden democrático. El caso ueno bank todavía está lejos de concluir. Recuperar los ahorros, esclarecer las responsabilidades y reconstruir la credibilidad del Banco Central son obligaciones pendientes. La destitución de un presidente puede cerrar una etapa política, pero no debe convertirse en el punto final de una investigación que compromete la confianza de toda una nación.
