El fiscal Silvio Corbeta, en su acusación contra la esposa del parlamentario, Patricia Corvalán, explicó que entre el 2017 y 2018, se desviaron G. 1.108.599.918 para beneficiar a Samaniego.
Lo que pasó fue que la Municipalidad desembolsó cheques a nombre de las empresas BH Services SRL, de Andrés Arrúa, compadre del entonces intendente; y a favor de la constructora CX Construcciones, “los cuales fueron redirigidos a la construcción de la vivienda familiar”.
BH Services SRL pagó a la arquitecta que estaba encargada de construir la vivienda del matrimonio un total de G. 563.016.918 y también se usó cheques de la firma CX Construcciones por G. 545.583.000, que eran fondos de la Comuna.
Es decir, que la casa –que no se encuentra en Paraguarí, sino que en el barrio San Vicente de Asunción– fue construida con dinero municipal, dice la Fiscalía.
La arquitecta Viviana Vargas de Mendoza, en su declaración ante el Ministerio Público, confirmó que fue contratada para hacer construcción “de una vivienda unifamiliar”, y fue contratada por la esposa de Samaniego.
El inmueble hasta ahora sigue estando a nombre de Blanca Álvarez, madre del diputado, pese a que es el legislador el que vive en la nueva edificación.
ADJUDICADA. Con relación a la compañía del amigo, BH Services, esta en realidad es una “empresa de maletín”, según la Fiscalía.
La Dirección de Registro Obrero Patronal del Ministerio del Trabajo, informó que la firma no se halla inscripta en el registro, “lo que corrobora que la empresa no poseía empleados”.
La firma cita como actividades comerciales: “Servicios de suministro de alimento para consumo inmediato”, “comercio al por mayor de materiales de construcción”, “construcción de proyectos de servicios públicos” y “construcción de edificios”.
Pese a eso, cuenta con varias irregularidades. En el 2021, fue sancionada con la inhabilitación, por Contrataciones Públicas, por proporcionar información falsa o actuar con dolo o mala fe en un procedimiento de contratación.
Pero, sí contaba con la confianza de la Municipalidad de Quyquyhó, en la época de Samaniego. Fue adjudicada en un sinnúmero de contratos de obras y servicios “de forma reiterada”, entre el 2013 y el 2017, por un valor total de G. 3.231 millones.
Pero las obras, en su mayoría resultaron “inexistentes”, citó la Fiscalía.
Andrés Arrúa Brítez, el presunto amigo íntimo de Samaniego, llegó a efectivizar cheques librados por el Municipio a nombre de su firma, y también efectivizó supuestamente de otros proveedores, como “Estación de Servicios Saniel, Legión de Servicios SA, honorarios de Benigno Villasboa, JA Construcciones, y del Consejo Regional de Salud de la Municipalidad”.
Todo esto, sin tener vinculación alguna con estas empresas.
También, la firma BH Services, en febrero del 2015, y en mayo del 2016, fue proveedora de alimentos escolares de la Municipalidad de Quyquyhó. La primera, por valor de G. 135 millones y, en la segunda, por G. 106 millones.
El fiscal Anticorrupción, Silvio Corbeta, acusó y pidió juicio oral esta semana para catorce personas, entre ellas, para Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, y esposa del diputado Esteban Samaniego. Se habla de que estos conformaron un “esquema de corrupción dentro del Municipio, integrado por proveedores ficticios, quienes eran adjudicados con contratos para lesionar el patrimonio de la Comuna”. Se habla de que se construyó la vivienda matrimonial con el dinero municipal, y que la pareja se valió de la mamá del hoy diputado para acrecentar su patrimonio. Se hicieron pagos parciales durante la obra, que “coinciden con el ejercicio de la Intendencia de Quyquyhó, cuando el legislador era intendente (2017-2018).
