03 sept. 2025

Dan arresto domiciliario a hermano de intendente en caso de homicidio

Tras el cambio de calificación de homicidio doloso a frustración de la persecución y ejecución penal y perturbación de la paz de los difuntos por parte del Tribunal de Apelación Multifuero de Filadelfia, la jueza de Garantías chaqueña, Fany Cáceres, concedió el arresto domiciliario a Hugo de los Santos González Brítez, hermano del intendente de Boquerón, César González Brítez.

Hallazgo de cadáver en Boquerón.jpg

Hallazgo. El 21 de setiembre del 2024, una comitiva fiscal halló el cadáver de Juan Ramón Vera en Picada 13, Boquerón.

Foto: Archivo ÚH.

En el caso se investiga la muerte de Juan Ramón Vera Franco, conocido como Jota, desaparecido en diciembre del 2023. Su cadáver fue hallado luego de 10 meses, el 21 de setiembre del 2024. Estaba enterrado en un monte en Teniente Martínez de Irala, Picada 13, Departamento de Boquerón.

En el caso, el principal sospechoso e imputado es Albino González Brítez, hermano del intendente César González Brítez, a quien se lo sindica como el autor del crimen de Vera Franco. González Brítez, a principios de julio pasado, fue detenido en Bolivia y actualmente tiene un proceso de extradición en ese país.

Según el relato fiscal, basado en lo manifestado por los familiares, el 9 de diciembre de 2023, al culminar su jornada en la bodega La Morenita –propiedad de su hermana–, Jota fue a su casa para cambiarse de ropa. Luego subió a una camioneta junto a su primo Albino González y, desde entonces, no se volvió a saber de él.

Según la Fiscalía, Albino González Brítez habría tenido una relación sentimental con su primo, Juan Ramón Vera Franco, por lo que habrían discutido en un vehículo. Albino habría asesinado a su primo Jota ante el temor de que el romance salga a la luz.

Tras el crimen –según la imputación de la fiscala Laura Ávalos–, su cadáver fue enterrado en un lugar, pero luego fue trasladado hasta Teniente Martínez de Irala, Picada 13, Boquerón, donde finalmente lo hallaron los investigadores.

En el caso fue detenido Mario Andrés Carballo Rojas, que, según los investigadores, también ayudó a esconder el cuerpo.

Respecto a Hugo de los Santos González Brítez fue imputado en principio como coautor del crimen, por lo que la jueza de Garantías de Neuland, Loma Plata y Filadelfia, Fany Cáceres, le dio prisión preventiva el 23 de setiembre del 2024, que cumplía en Concepción.

El 21 de junio pasado, Hugo González fue acusado por la fiscala Laura Ávalos por los presuntos hechos de homicidio doloso y perturbación de la paz de los difuntos, por lo que solicitó la apertura del juicio oral y público.

Cambio de calificación

Sin embargo, los abogados Rodrigo Buongermini, Álvaro Arias y José Enrique García solicitaron el cambio de calificación como frustración de la persecución y ejecución penal y perturbación de la paz de los difuntos, teniendo en cuenta que, según la Fiscalía, ayudó a su hermano Albino para trasladar el cadáver.

No obstante, la jueza Cáceres rechazó el pedido, por lo que esto fue apelado por la defensa. Después, el Tribunal de Apelación Multifuero de Boquerón, con sede en Filadelfia, integrado por los camaristas Emigdio Castillo, Carlos Miranda y César Denys Macorito, con voto unánime, hizo lugar al recurso de la defensa.

Después, la defensa pidió la revisión de medidas, donde los abogados señalaron que la detención de Hugo González el 22 de setiembre, le dieron prisión preventiva por la imputación por homicidio doloso. Pero, en la acusación, la fiscala le atribuye homicidio doloso y perturbación de la paz de los difuntos, como coautor.

Señalaron los defensores que el Tribunal de Apelaciones de Filadelfia dictó la resolución del 1 de agosto pasado, donde cambió la calificación a frustración de la persecución y ejecución penal y perturbación de la paz de los difuntos, con lo que, por las penas que tienen estos hechos, ya cumplió la pena mínima y piden la libertad ambulatoria.

Por su parte, la fiscala Laura Ávalos, al contestar el traslado, pidió a la jueza que resuelva conforme a derecho, arbitrando los medios necesarios para que el acusado siga sometiéndose al proceso. En igual sentido, el abogado querellante Denis Ojeda también solicitó lo mismo.

Al final, la jueza tomó en consideración la nueva calificación dada por el Tribunal de Apelación, con lo que la pena va hasta 3 años o multa y en el segundo caso hasta 2 años o multa, por lo que ya se cumplió con la pena mínima de ambos delitos. En total, cumplió 10 meses y 14 días preso.

Con ello, la jueza Cáceres concedió el arresto domiciliario en un inmueble de Filadelfia, con fianza personal de dos personas por G. 500 millones, y fianza real de un inmueble por la suma de G. 900 millones.

Más contenido de esta sección
Este viernes 5 de setiembre vence el plazo de un año que tiene la Fiscalía para pedir la reapertura de la causa del senador Hernán Rivas, quien había sido procesado en el caso del supuesto título falso de abogado. Hasta ahora, ante el juez Miguel Palacios no existe ningún pedido de las fiscalas de la causa, Patricia Sánchez y Luz Guerrero.
La causa del Operativo Berilho, donde están acusados, entre otros, Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, y el ex diputado, Ulises Quintana, sigue trabada. La defensa de uno de los procesados apeló la resolución que confirmó al juez de Garantías, Miguel Palacios, con lo que el caso pasó a la Sala Penal de la Corte.
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia se inhibió en la causa donde imputaron al ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) Pastor Emilio Soria Melo, junto a otros procesados, porque supuestamente exigían pagos indebidos a comerciantes en el Mercado de Abasto de Asunción. Fue sorteada la magistrada de Crimen Organizado Rosarito Montanía.
Ante la jueza de Garantías Alicia Pedrozo se inició esta mañana otra de las audiencias preliminares contra el ex ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand y otros acusados por supuesta estafa a 31 víctimas de la empresa Mocipar SA. Según la Fiscalía, el supuesto perjuicio sería de unos G. 665.000.000.
La ex actuaria judicial, Juliana Romero Maciel, procesada por la supuesta modificación de un expediente del condenado Ramón Mario González Daher en el sistema informático del Poder Judicial, deberá ir a juicio oral, luego de que el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, ratificara la resolución del juez.