El pasado 5 de setiembre del 2024, el senador Hernán David Rivas había sido sobreseído provisionalmente por el citado juez de Garantías, a pedido de la fiscalía, por lo que el Ministerio Público tiene un año para realizar las diligencias pendientes y pedir la reapertura de la causa.
El legislador colorado había sido imputado porque supuestamente tenía un título falso de abogado de la Universidad Sudamericana, con el que juró como profesional del Derecho, e incluso, como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde incluso ejerció la presidencia.
Al requerir el sobreseimiento provisional, las fiscalas alegaron que había indicios de la existencia de un hecho penalmente relevante sobre los delitos de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, pero les faltaban diligencias para tener la suficiente convicción para solicitar el juicio oral.
Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Cristóbal Cáceres Frutos se había allanado a la solicitud de la Fiscalía, sin objeciones. Señaló que habían pedido también varias pruebas.
Entre las diligencias que debían realizar en el año que tenían, estaban la declaración a los alumnos docentes y empleados administrativos de la Universidad Sudamericana; a más de las testificales de Ricardo Ortiz, Andrea Estigarribia, Nélida Servín, Rodrigo Ramírez, Marcelo Duprat, Casimiro Marín, Lidia Coronel, Bernardo Giménez, Nilda Rojas, Roy Rodgers, Hermann Weisensee, Dina Matiauda y Jorge Cantero.
Igualmente, estaba la declaración del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, a más del senador Pedro Díaz Verón, ambos propuestos para declarar por el legislador Rivas.
Además, la fiscalía debía realizar 14 pedidos de informes a varias entidades, entre ellas, el Ministerio de Educación, la Universidad Sudamericana, el Instituto de previsión Social, el Consejo Nacional de Educación Superior, entre otras.
Asimismo, entre las diligencias estaban un oficio al Ministerio de Educación, para saber si Aldo Alvarenga, entre el 2009 al 2013, fungió o ejerció el cargo de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana. A esto se suma la declaración de Aldo Alvarenga.
Según la imputación fiscal, el congresista tenía un título falso de abogado, con el que juró ante la Corte Suprema y ejerció el cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde fue denunciado por la ex fiscala Casse Giménez.
