El magistrado Estigarribia alegó amistad y trato frecuente con el defensor público Eduardo Velázquez, su amigo y ex compañero de facultad. Este último fue designado por el defensor general para representar al imputado Miguel Ángel Báez Soria, ex secretario general del Senave.
Ante esto, la causa fue sorteada, y como antes se había inhibido también el juez de Delitos Económicos Humbero Otazú, ahora el caso pasó a los otros jueces del fuero especializado, con lo que fue designada la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía, quien tiene tres días para decidir si acepta, se inhibe o impugna la inhibición.
En el caso, además del ex titular del Senave Pastor Emilio Soria Melo, también fueron imputados Miguel Ángel Báez Soria y Martín Luis María Lezcano Villalba, Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto y Sergio Marcos Rodríguez Escobar, todos funcionarios de la entidad.
Asimismo están imputados terceros ajenos a la citada institución, identificados como el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez; Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibiades Gamarra Morel y Eladio Figueredo.
La denuncia había sido fue presentada por la representante de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (Asicopace). La fiscala Yeimy Adle los imputó por los presuntos delitos de cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero.
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Según la imputación, estas personas presuntamente habrían cobrado millonarias sumas de dinero, exigidas a los importadores de productos frutihortícolas, a cambio de emitir las autorizaciones de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi).
Conforme dice el pedido fiscal, se tiene que entre diciembre de 2023 y abril de 2024, varios importadores se encontraron con obstáculos internos en el Senave para obtener las Afidi, sin justificación.
Además, en coincidencia con las demoras, los importadores habrían recibido llamadas y visitas tanto de funcionarios del Senave, como de terceros, quienes tenían acceso a los datos que los importadores consignan en la Ventana Única de Importador (VUI) al solicitar las Afidi.
Afirma la fiscala que los imputados habrían cobrado millonarias sumas de dinero, exigidas a los importadores de productos frutihortícolas, a cambio de emitir las autorizaciones de Afidi, cuyo costo oficial es de G. 17.715.
La fiscala acota que el documento es un requisito indispensable para el ingreso al país de los productos frutihortícolas, por lo que ante la amenaza de demoras injustificadas por los funcionarios del Senave, se veían compelidos a pagar para no tener millonarias pérdidas, por la descomposición de los productos que tenían expuestos a las altas temperaturas de la época, en la frontera de Puerto Falcón, pendientes del ingreso legal al país.
