16 sept 2026

Cuestionan que el Gobierno no haya cumplido con la reapertura de un local propio del Indi

A un año del cierre de las oficinas del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) desde la organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco emitieron un pronunciamiento expresando su preocupación por las consecuencias y falencias que esta situación genera a los derechos de los pueblos indígenas.

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Jóvenes indígenas exigiendo sus derechos.

Foto: Gentileza.

El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) ya no brinda atención hace un año en las oficinas ubicadas sobre la avenida Artigas, en Asunción, donde miembros de comunidades bloqueaban constantemente el acceso en busca de respuestas a sus reclamos.

Tras cumplirse un año del cierre de las oficinas del Indi, desde la organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco emitieron un pronunciamiento expresando su preocupación por las consecuencias que esta situación continúa generando sobre los derechos de los pueblos indígenas.

“Cientos de trámites impulsados por las comunidades se han visto enlentecidos, afectando el acceso a derechos y la atención a líderes y lideresas que siguen recurriendo a la institución en busca de respuestas a demandas vinculadas con la tierra, la salud y la educación”, resalta parte del texto.

En otro punto enfatizan que si bien el Indi funciona actualmente en un espacio provisorio, este no reúne las condiciones adecuadas para atender a las comunidades.

“El Gobierno Nacional no ha cumplido los compromisos asumidos con las organizaciones indígenas para la reapertura de un local propio, pese a las movilizaciones realizadas hace un año por representantes de distintos pueblos indígenas del país”, manifestaron.

Lea más: Jóvenes indígenas reclaman al Indi incumplimiento de pagos de becas

Finalmente, expresaron que la situación actual de los indígenas muestra la nula voluntad política.

“Esta situación refleja la nula voluntad política para generar una política pública orientada al bienestar de las comunidades y pone de manifiesto una discriminación estructural que se traduce en la falta de presupuesto y en un progresivo desmantelamiento de las instituciones y programas destinados a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, totalmente incompatible con los derechos humanos”, dijeron.

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