10 jun. 2026

Cuestionan que cartismo busque flexibilizar “Ley Garrote” para comisiones vecinales

El senador Rafael Filizzola llamó la atención al oficialismo que busca poner excepciones a la “ley antioenegés” para que las comisiones vecinales puedan administrar fondos públicos sin mucha burocracia. El legislador señaló que la modificación debe incluir a todas las organizaciones, es decir, que la ley debe ser derogada.

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Rafael Filizzola pidió la derogación de la llamada “ley garrote” o “ley antioenegés”

Archivo

La presentación de un proyecto de ley impulsado por la senadora Lizarella Valiente para exceptuar a las comisiones vecinales de exigencias administrativas en el marco de la Ley N° 7363/2024 “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones sin Fines de Lucro”, también conocida como “ley garrote” o “ley antionegés”, generó críticas de legisladores que abogan por la derogación de la normativa entera.

Uno de los cuestionamientos provino del senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, quien sostuvo que los problemas que hoy enfrentan las organizaciones barriales son consecuencia directa de una ley que fue diseñada para perseguir a determinadas organizaciones sin fines de lucro.

La iniciativa legislativa busca modificar el Presupuesto General de la Nación para flexibilizar los requisitos que actualmente deben cumplir las comisiones vecinales para acceder a transferencias de recursos públicos. De acuerdo con la exposición de motivos, las disposiciones vigentes se convirtieron en un obstáculo que impide ejecutar proyectos de mejoramiento barrial, pese a que muchos de ellos ya cuentan con aprobación municipal.

Para Filizzola, la situación confirma las advertencias realizadas durante el debate de la ley. “Dijimos que le iba a pasar a las comisiones vecinales, que le iba a pasar a las parroquias, que le iba a pasar a las organizaciones deportivas de los barrios y que le iba a alcanzar a todo el mundo”, señaló.

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El legislador cuestionó que ahora se pretenda solucionar el problema mediante excepciones específicas para determinados sectores. A su criterio, si se reconoce que la normativa afecta negativamente a las comisiones vecinales, corresponde revisar integralmente la ley y modificar para todas las organizaciones no solo para las comisiones vecinales.

“Ahora vienen a decir que no les va a alcanzar a las comisiones vecinales porque les perjudica. Pero modifiquen toda la ley. Una vara para todos”, expresó.

Filizzola sostuvo además que la legislación fue impulsada con el objetivo de controlar y exponer a organizaciones críticas al poder político. Según afirmó, los efectos terminaron alcanzando también a entidades comunitarias que nada tienen que ver con el debate sobre las ONG.
“Se les dijo que le iba a afectar a mucha más gente. Todo tipo de personas jurídicas ya tiene un ámbito de control. Si queremos resolver realmente el problema, tiene que haber una sola vara para todas las organizaciones”, manifestó.

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Incluso ironizó sobre las consecuencias prácticas de la normativa al señalar que, de mantenerse esa lógica de controles, “lo único que falta es que se controlen también las polladas para ver si no se hace lavado de dinero”.

Filizzola acusó a los impulsores de la ley de actuar con hipocresía al intentar corregir únicamente los efectos que hoy afectan a sectores cercanos. “Querían perseguir a un grupo y terminaron persiguiendo también a sus amigos. Ese fue el verdadero motivo de la ley”, sentenció.

El proyecto argumenta que las comisiones vecinales poseen características distintas a las organizaciones sin fines de lucro tradicionales, ya que funcionan mediante trabajo voluntario, carecen de estructuras administrativas complejas y, en muchos casos, ni siquiera administran directamente los recursos destinados a las obras

El estudio del proyecto fue postergado en la Cámara de Senadores.

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