El líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, consideró que la decisión del máximo tribunal confirma que la Cámara Alta actuó dentro de sus atribuciones constitucionales al aprobar la pérdida de investidura de González.
Chase señaló que, más allá del análisis jurídico, que corresponde a los especialistas, realiza una lectura política del fallo y afirmó que la Corte fundamentó su decisión en tres aspectos principales. En primer lugar, mencionó que las sanciones adoptadas por el Congreso no pueden ser sometidas al control de otro poder del Estado, ya que ello afectaría la independencia entre poderes.
Respecto al debate sobre la vigencia del reglamento utilizado para la pérdida de investidura, sostuvo que, según la interpretación del máximo tribunal, ninguna norma reglamentaria puede prevalecer si contradice la Constitución Nacional. “Ningún reglamento ni ley puede estar en contra de la Constitución, que es la ley madre”, expresó.
Asimismo, indicó que la Corte también analizó el argumento de la supuesta indefensión alegada por González y aseguró que la entonces legisladora fue notificada del proceso y tuvo la posibilidad de ejercer su defensa. “No se presentó por decisión propia a defenderse, a pedir prórroga o a realizar algún planteamiento dentro del pleno”, afirmó.
El senador manifestó que el fallo “es correcto y justo” y, aunque reconoció que la resolución demoró en llegar, consideró que finalmente se emitió “en el sentido que tenía que salir”.
Consultado sobre si la decisión judicial ratifica la pérdida de investidura de la ex parlamentaria, Chase respondió que se trató de una determinación adoptada por el Senado, al igual que otros casos registrados en periodos anteriores, y sostuvo que dichas resoluciones no pueden ser revisadas por la Corte Suprema.
Por otra parte, rechazó las críticas de la senadora Celeste Amarilla, quien cuestionó la independencia del máximo tribunal tras el fallo. Chase calificó esas expresiones como una interpretación política y aseguró que quienes discrepan con la resolución recurren a argumentos políticos ante la falta de una explicación jurídica sólida.
Defendió la autonomía de la Corte Suprema y afirmó que se trata de un poder independiente. “Se puede hablar de injerencia política, pero es responsabilidad de cada miembro de la Corte recibir o no esa injerencia. Yo creo que es un poder independiente, así como nosotros también lo somos”, aseveró.
Opositores
Sin embargo, desde la oposición, el senador Rafael Filizzola cuestionó duramente la resolución y afirmó que presenta “más características políticas que jurídicas”.
El legislador recordó que en diciembre de 2023 el Senado aprobó un reglamento que establecía la necesidad de 30 votos para concretar una pérdida de investidura y sostuvo que dicha norma entró en vigencia al día siguiente de su aprobación.
“Un reglamento entra en vigencia cuando se sanciona y cuando dice que entra en vigencia. Ese reglamento decía expresamente que entraba en vigencia al día siguiente”, afirmó.
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Filizzola calificó además de “ridículo” el argumento relacionado con la falta de aprobación del acta de la sesión y cuestionó que la Corte no haya declarado expresamente la inconstitucionalidad del reglamento en la parte resolutiva de la sentencia.
A su criterio, el aspecto más preocupante del fallo es que valida un procedimiento que vulneró garantías básicas del debido proceso. “La notificación es el inicio de cualquier proceso. Sin notificación no existe posibilidad real de defensa”, argumentó.
También advirtió que la decisión sienta un precedente preocupante para la representación popular, al permitir que una persona electa por voto ciudadano pueda ser despojada de su investidura sin las garantías procesales correspondientes.
La senadora Celeste Amarilla afirmó que la resolución respondió a presiones políticas provenientes del cartismo. Indicó que la decisión judicial carece de fundamentos jurídicos sólidos y acusó a los miembros del máximo tribunal de haber actuado en contra de sus propios conocimientos y convicciones. “Fueron obligados a prevaricar por orden superior”, expresó, al cuestionar especialmente el cambio de postura de algunos ministros.
La legisladora aseguró que siente “lástima” por varios integrantes de la Corte, a quienes dijo conocer desde su época universitaria, y manifestó su decepción con el ministro Alberto Martínez Simón, de quien dijo tener una alta consideración profesional y que astutamente está “prevaricando por orden de un bachiller, apenas bachiller, un estudiantito mediocre que fue toda su vida Horacio Cartes”.
Según Amarilla, los ministros habrían recibido directrices políticas para resolver el caso en contra de González. En ese contexto, sostuvo que “en un quincho se bajó la orden” y acusó directamente al ex presidente Horacio Cartes de influir en la decisión de la Corte.
La senadora insistió en que la ex legisladora fue privada de garantías básicas del debido proceso, argumentando que nunca fue notificada formalmente sobre el pedido de pérdida de investidura. A su criterio, la posibilidad de intervenir durante la sesión no reemplaza el derecho a preparar adecuadamente una defensa.
“Sin notificación no hay proceso”, enfatizó, al señalar que González no tuvo tiempo para reunir documentos, responder acusaciones ni presentar pruebas que respaldaran su posición antes de la votación en el Senado.
Amarilla sostuvo además que los ministros ignoraron principios elementales del derecho al validar el procedimiento y calificó el fallo como una muestra de sometimiento institucional al poder político.
Durante sus declaraciones, también comparó la influencia política que atribuye a Cartes con la ejercida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Incluso aseguró que el líder de Honor Colorado habría alcanzado un nivel de control político superior al del ex dictador, debido al grado de adhesión y disciplina que, según dijo, existe dentro de su movimiento.
Advirtió que si el oficialismo mantiene el respaldo electoral demostrado en las recientes internas coloradas y continúa ejerciendo influencia sobre las instituciones, la oposición tendrá cada vez más dificultades para disputar el poder. “Si esto sigue así, tenemos cartismo para rato”, concluyó.
